Hoy
inicia la recolección de firmas para la Revocatoria a la Alcaldía de Enrique
Peñalosa, por:
1)
No hacer el Metro Subterráneo que ya tiene estudios y soluciona la movilidad de
Bogotá porque quiere hacer Transmilenios.
2)
Subirle $200 a Transmilenio.
3)
Dejar a los Bogotanos sin ambulancias en casos de emergencia.
4)
Querer vender la poderosa empresa pública ETB, única con fibra óptica en
Colombia para venderla a privados.
5)
Quitar bicicletas gratis de la carrera 7ma.
6)
Pavimentar la Reserva Ambiental Van Der Hammen, el tanque de agua de Bogotá.
7)
Fusionar 20 hospitales públicos y sólo dejar 4, los privatizó y privatizó toda
la contratación de la salud en el distrito, privatizó el Hemocentro distrital y
el banco de órganos.
8)
Perseguir vendedores ambulantes sin darles oportunidades.
9)
Vender el 20% de la Empresa de Energía de Bogotá que hoy produce $1 BILLÓN de
pesos en utilidades para la ciudad.
10)
Permitir las corridas de toros en el año 2000 cuando fue Alcalde y hoy dejar
que se realicen.
11)
Querer hacer 3 vías en la Reserva Ambiental Van Der Hammen.
12)
Mentir sobre sus falsos estudios en Francia.
13)
No hacer el Cable Aéreo de San Cristóbal.
14)
Por desechar los 5 metros eléctricos que ya estaban financiados y que desechó
por meter más y más Transmilenios.
15)
Porque la movilidad multimodal de metro Subterráneo, tranvías y cables valía $4
BILLONES y Peñalosa lo cambia por Transmilenios que valen $25 BILLONES de pesos
que pagaremos con impuestos.
16)
Nunca dijo que iba a privatizar y vender el patrimonio de los bogotanos.
17)
Porque como nunca antes, las decisiones de un gobernante habían causando tanto
daño ambiental, económico y social.
18)
Por echarle de todo la culpa a la administración anterior.
La
revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá aquí solicitada deriva del
principio de soberanía popular y democracia participativa, conforme al cual el
pueblo tiene derecho a despojar del cargo a quienes ha escogido como sus
representantes por motivos de insatisfacción general de la ciudadanía o por
incumplimiento del programa de gobierno; tiene fundamento en los artículos
constitucionales 40, 103 y 259, el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 y los
artículos 5º y 6º de la Ley 1757 de 2015.
En ese contexto, el alcalde
mayor de la ciudad no sólo ha incurrido en presunta falsedad en documentos que
acreditan sus títulos académicos al momento de posesionarse sino que ha
adoptado medidas que lesionan los derechos económicos y sociales adquiridos y
las perspectivas de un desarrollo de ciudad democrático, socialmente justo,
incluyente y ambientalmente sustentable.
Entre estas medidas están
1º la fusión y privatización de hospitales públicos y la
terminación de Territorios Saludables agravando las condiciones de atención en
salud;
2º la ampliación de la figura de colegios por concesión, una
jornada única sin recursos humanos ni físicos para garantizarla y la afectación
de la educación de primera infancia y media;
3º la reducción de los terrenos de las universidades públicas en
Bogotá y
4º la desfinanciación de la Universidad Distrital agravada por
la réplica del programa ser pilo paga con recursos de la ciudad;
5º el desalojo del Bronx sin tener un adecuado y suficiente plan
de atención a la población residente, a los comerciantes del sector ni a los
habitantes de calle;
6º el cambio privatizador del plan general de manejo de residuos
sólidos afectando a más de 14 mil familias recicladoras;
7º la destrucción de la economía popular con la exclusión de los
vendedores informales de los espacios públicos desconociendo el derecho al
trabajo y agravando su situación social;
8º el cierre de espacios de participación y el abandono de los
programas acunar;
9º la limitación de la autonomía ciudadana en el uso democrático
del espacio público;
10º el retroceso en derechos para las mujeres, la comunidad
LGBTI, afros y otras etnias;
11º la promoción de la tercerización e informalización laboral
que acaba con los derechos de los trabajadores;
12º la violación e incumplimiento de acuerdos laborales;
13º la dilación en la construcción del metro y su cambio de uno
subterráneo a otro elevado sin estudios previos;
14º su obsesión por seguir llenando a la ciudad de buses
contaminantes a través de Transmilenio, que menoscaba las finanzas del distrito
excluyendo a los pequeños transportadores y sometiéndolos a la miseria;
15º su falsa actitud con el uso de bicicletas sin ciclorutas ni
seguridad adecuadas;
16º el conflicto de
intereses con las empresas proveedoras de buses de transporte público;
17º el incumplimiento a la resolución judicial sobre
legalización de barrios en cerros orientales, desalojando familias y vulnerando
derechos colectivos y del ambiente;
18º el incumplimiento con la solución del problema del relleno
sanitario Doña Juana; y
19º la pretensión de modificar el ordenamiento territorial para
permitir la urbanización de la reserva forestal Thomas Van der Hammen y de los
cerros orientales en detrimento de los humedales y de la estructura ecológica
principal.
No contento con el uso de procedimientos
antidemocráticos que desconocen la participación ciudadana legítima, el alcalde
ha engañado a los bogotanos y bogotanas desde la presentación del anteproyecto
de plan de desarrollo radicado ante el Consejo Territorial de Planeación que
difiere con el radicado ante el Concejo de Bogotá.
Las medidas económicas iniciadas para cubrir
el déficit presupuestal del Plan de Desarrollo han implicado el recorte del
gasto público social, el despido de miles de trabajadores, la venta de las
empresas de servicios públicos como la ETB y el grupo de energía, entre otras,
el endeudamiento de la ciudad con la banca mundial, una propuesta de nuevas
cargas tributarias regresivas y el uso de estrategias de asociación
público-privada que benefician a los particulares en cada uno de los proyectos
de inversión, urbanización y gestión en la ciudad.
Contraria a la perspectiva de derechos en el
desarrollo urbano que defiende la ciudadanía, el alcalde busca imponer un
modelo de ciudad excluyente, orientado a los negocios, a la generación de
rentas del suelo para particulares, a la inversión de capital y a la obtención
de utilidades privadas en beneficio de los grandes gremios económicos.
Indignados, excluidos, afectados e
insatisfechos con sus políticas e iniciativas y cambios inconsultos de su
programa de gobierno, conscientes del peligro y riesgo que significa para el
destino de la ciudad la continuidad del mismo en el ejercicio de su cargo y
acogiendo el sentir generalizado del pueblo de lograr una administración que
respete y tenga en cuenta sus derechos, promovemos la revocatoria del mandatario
distrital a través de la más amplia participación y protagonismo ciudadano, sin
distingos de condiciones socioeconómicas o de concepciones ideológicas,
políticas o religiosas.
Río Noticias - Peñalosa. La revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá aquí solicitada deriva del principio de soberanía popular y democracia ...
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