Transcurrido su primer mes Peñalosa ha dado muestras en abundancia
de lo que será el contenido y la práctica neoliberal de su gobierno para los
próximos cuatro años. Sin ocultar su espíritu revanchista y su
arrogancia de clase ha hecho anuncios y comienza a tomar decisiones que
representan verdaderos retrocesos y amenazas a los derechos sociales de
los bogotanos y bogotanas.
Lo primero que ha hecho es anunciar su intención de privatizar
servicios públicos fundamentales como la Empresa de Teléfonos de
Bogotá, la Transportadora de Gas
Internacional de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, y Aguas de Bogotá de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado. También ha decidido recortar
el gasto público social en un 20%, y en el caso de Salud en un 40%, con la consecuencia gravísima inmediata de la no
renovación de los contratos a cerca de 7
mil trabajadores, entre ellos los del Programa
Territorios Saludables. Por si fuera poco ha asegurado que no reabrirá el Hospital San Juan de Dios, institución
que el anterior gobierno distrital compró luego de muchos años de cierre y
deterioro como consecuencia de la ley 100 de 1993 y de la desidia e
indiferencia del gobierno nacional.
Tampoco mejorará las condiciones laborales del magisterio en su afán de garantizar la jornada única y el programa 40x40 sobre
explotando a los educadores.
Contrario al sentido común que
indica la necesidad de preservar y defender el agua y en general los recursos
naturales ante la amenaza que representa el cambio climático, Peñalosa se ha comprometido a acabar
con la Reserva Forestal Thomas van der
Hammen en el norte de la sabana, mediante la
construcción de megaproyectos de vivienda para hacer viable su estrategia de
expansión de la ciudad.
Tampoco construirá el Metro subterráneo sino uno de superficie
desechando los estudios previos, con lo cual no sólo improvisa e incurre en
detrimento patrimonial, sino en retraso de una obra vial estratégica para el
desembotellamiento de la movilidad de la población. Su apuesta está ahora en la
expansión del negocio de Transmilenio, transporte cuya tarifa y la del SITP
ha aumentado en 200 pesos para seguridad de las ganancias de los operadores
privados y para deterioro del salario real de los usuarios.
Además de lo anterior, ha
comenzado el desalojo de los vendedores ambulantes de los espacios públicos donde trabajan
usando medidas policivas y sin ninguna contraprestación efectiva para quienes
derivan su sustento de esta actividad legítima de economía popular, y ha
iniciado una campaña de erradicación de los grafitis dando un golpe a una de
las formas más populares de expresión del arte callejero.
Lo último que ha señalado es la
erradicación del Bronx, no sacando de la indigencia, la
marginalidad y la criminalidad a quienes allí se asientan, sino expulsándolos
por la fuerza a otros lugares de la ciudad como ya hizo en el Cartucho, y
construyendo en su lugar un nuevo parque tercer milenio para acelerar las
dinámicas de renovación urbana del centro con el riesgo del despojo de los
habitantes por los especuladores de los precios del suelo, el capital
inmobiliario y de la construcción.
Estas y otras medidas
anunciadas nos indican que la política de este gobierno está centrada en
adecuar el crecimiento y desarrollo de la ciudad a los intereses del gran capital inmobiliario, financiero y de la construcción, y a las exigencias de la globalización
capitalista para la inversión y la extensión de las relaciones de
mercado. Se trata ahora de la puesta en escena del poder permanente
del capital que en años anteriores a raíz de sus derrotas políticas, tuvo que
aceptar ciertas concesiones sociales, pero que ahora asume la conducción
directa de sus intereses en cuerpo del gobierno de Peñalosa. No hay que olvidar que integrantes de ese poder
permanente auspiciaron su campaña electoral a través de gremios económicos como
Camacol,
Asolonjas, Asobancaria, Cámara de Comercio, Probogotá, medios masivos de comunicación y sectores
políticos que constituyen el eje de la oligarquía bogotana.
Este será un gobierno que con
sus medidas generará amplias y profundas situaciones de conflictividad social.
Para controlarlas echará mano del garrote y la zanahoria. Es ese el sentido que
tiene, por una parte, la creación de la Secretaría de Seguridad, del
Comando centralizado integrado por la fuerza pública y otras instituciones como
la fiscalía, la construcción de más cárceles y la paramilitarización de barrios
populares y, por otra parte, el recurso a mecanismos de demagogia y
disciplinamiento social mediante la construcción de algunas viviendas de
interés prioritario y social y la llamada “cultura ciudadana” mockusiana.
Nuestra posición será de
oposición radical a la política neoliberal del gobierno de Peñalosa, fundamentalmente a través de la movilización
social y la lucha política, de los trabajadores (sindicalizados y no
sindicalizados), los afectados por las intervenciones urbanísticas, los
ecologistas, los defensores de lo público y de los derechos sociales, el
movimiento social de mujeres, la juventud y los estudiantes, los artistas, el
movimiento LGBTI, entre otros.
Convocamos al pueblo
bogotano a defender lo conquistado a través administraciones
progresistas en la perspectiva de la defensa del derecho a una ciudad
democrática para la paz, el territorio, la sustentabilidad ambiental y la
garantía de derechos económicos, sociales y culturales; a la movilización
unitaria y amplia por lograr las condiciones que garanticen la firma de
los acuerdos de paz, la refrendación democrática de los mismos en
la perspectiva de la Asamblea nacional constituyente y la
implementación de los acuerdos; y a crear las condiciones subjetivas,
de organización y unidad de la población y de los movimientos populares,
sociales y políticos para impulsar un paro cívico distrital y nacional como
respuesta general a las políticas neoliberales del gobierno y por la defensa
del ideario de una ciudad democrática, incluyente, igualitaria, diversa,
ambientalmente sustentable, constituyente, soberana y en paz. Bogotá,
Febrero de 2016
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