Por una Bogotá de derechos para la Paz

   Transcurrido su primer mes Peñalosa ha dado muestras en abundancia de lo que será el contenido y la práctica neoliberal de su gobierno para los próximos cuatro años.  Sin ocultar su espíritu revanchista y su arrogancia de clase ha hecho anuncios y comienza a tomar decisiones que representan verdaderos retrocesos y amenazas a los derechos sociales de los  bogotanos y bogotanas.
    Lo primero que ha hecho es anunciar su intención de privatizar servicios públicos fundamentales como la Empresa de Teléfonos de Bogotá, la Transportadora de Gas Internacional de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, y Aguas de Bogotá de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. También ha decidido recortar el gasto público social en un 20%, y en el caso de Salud en un 40%, con la consecuencia gravísima inmediata de la no renovación de los contratos a cerca de 7 mil trabajadores, entre ellos los del Programa Territorios Saludables. Por si fuera poco ha asegurado que no reabrirá el Hospital San Juan de Dios, institución que el anterior gobierno distrital compró luego de muchos años de cierre y deterioro como consecuencia de la ley 100 de 1993 y de la desidia e indiferencia del gobierno nacional.
    Tampoco mejorará las condiciones laborales del magisterio en su afán de garantizar la jornada única y el programa 40x40 sobre explotando a los educadores.  
   Contrario al sentido común que indica la necesidad de preservar y defender el agua y en general los recursos naturales ante la amenaza que representa el cambio climático, Peñalosa se ha comprometido a acabar con la Reserva Forestal Thomas van der Hammen en el norte de la sabana, mediante la construcción de megaproyectos de vivienda para hacer viable su estrategia de expansión de la ciudad. 
    Tampoco construirá el Metro subterráneo sino uno de superficie desechando los estudios previos, con lo cual no sólo improvisa e incurre en detrimento patrimonial, sino en retraso de una obra vial estratégica para el desembotellamiento de la movilidad de la población. Su apuesta está ahora en la expansión del negocio  de Transmilenio, transporte cuya tarifa y la del SITP ha aumentado en 200 pesos para seguridad de las ganancias de los operadores privados y para deterioro del salario real de los usuarios.
    Además de lo anterior, ha comenzado el desalojo de los vendedores ambulantes de los espacios públicos donde trabajan usando medidas policivas y sin ninguna contraprestación efectiva para quienes derivan su sustento de esta actividad legítima de economía popular, y ha iniciado una campaña de erradicación de los grafitis dando un golpe a una de las formas más populares de expresión del arte callejero. 
   Lo último que ha señalado es la erradicación del Bronx, no sacando de la indigencia, la marginalidad y la criminalidad a quienes allí se asientan, sino expulsándolos por la fuerza a otros lugares de la ciudad como ya hizo en el Cartucho, y construyendo en su lugar un nuevo parque tercer milenio para acelerar las dinámicas de renovación urbana del centro con el riesgo del despojo de los habitantes por los especuladores de los precios del suelo, el capital inmobiliario y de la construcción.
   Estas y otras medidas anunciadas nos indican que la política de este gobierno está centrada en adecuar el crecimiento y desarrollo de la ciudad a los intereses del gran capital inmobiliario, financiero y de la construcción, y a las exigencias de la globalización capitalista para la inversión y la extensión de las relaciones de mercado.  Se trata ahora de la puesta en escena del poder permanente del capital que en años anteriores a raíz de sus derrotas políticas, tuvo que aceptar ciertas concesiones sociales, pero que ahora asume la conducción directa de sus intereses en cuerpo del gobierno de Peñalosa. No hay que olvidar que integrantes de ese poder permanente auspiciaron su campaña electoral a través de gremios económicos como Camacol, Asolonjas, Asobancaria, Cámara de Comercio, Probogotá, medios masivos de comunicación y sectores políticos que constituyen el eje de la oligarquía bogotana.
   Este será un gobierno que con sus medidas generará amplias y profundas situaciones de conflictividad social. Para controlarlas echará mano del garrote y la zanahoria. Es ese el sentido que tiene, por una parte, la creación de la  Secretaría de Seguridad, del Comando centralizado integrado por la fuerza pública y otras instituciones como la fiscalía, la construcción de más cárceles y la paramilitarización de barrios populares y, por otra parte, el recurso a mecanismos de demagogia y disciplinamiento social mediante la construcción de algunas viviendas de interés prioritario y social y la llamada “cultura ciudadana” mockusiana.
     Nuestra posición será de oposición radical a la política neoliberal del gobierno de Peñalosa, fundamentalmente a través de la movilización social y la lucha política, de los trabajadores (sindicalizados y no sindicalizados), los afectados por las intervenciones urbanísticas, los ecologistas, los defensores de lo público y de los derechos sociales, el movimiento social de mujeres, la juventud y los estudiantes, los artistas, el movimiento LGBTI,  entre otros.

     Convocamos al pueblo bogotano a defender lo conquistado a través administraciones progresistas en la perspectiva de la defensa del derecho a una ciudad democrática para la paz, el territorio, la sustentabilidad ambiental y la garantía de derechos económicos, sociales y culturales; a la movilización unitaria y amplia por lograr las condiciones que garanticen la firma de los acuerdos de paz, la refrendación democrática de los mismos en la perspectiva de la Asamblea nacional constituyente y la implementación de los acuerdos; y a crear las condiciones subjetivas, de organización y unidad de la población y de los movimientos populares, sociales y políticos para impulsar un paro cívico distrital y nacional como respuesta general a las políticas neoliberales del gobierno y por la defensa del ideario de una ciudad democrática, incluyente, igualitaria, diversa, ambientalmente sustentable, constituyente, soberana  y en paz. Bogotá, Febrero de 2016

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