El pasado 29 de abril, el alcalde Peñalosa y su gabinete radicaron ante el Concejo Distrital el proyecto de Plan
de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, un documento de 674 páginas,
170 Artículos, por un valor de $95,9 billones de pesos.
Privatizar: liquidar patrimonio público valioso y
rentable
¡Se vende!
Reorganización administrativa y masacre laboral
Presupuesto de bolsillo y Regla Fiscal
Misceláneos para la preocupación ciudadana
El Estado no es la solución...
El pasado 29 de abril, el alcalde de Bogotá D.C., Peñalosa y su gabinete
radicaron ante el Concejo Distrital el proyecto de Plan de Des...
Mauricio Katz García* Una ciudad mejor y feliz para todos: un espejismo para Bogotá
El proyecto de Plan, resulta un texto largo, sinuoso y que requiere ser
analizado cuidadosamente para entender las pretensiones de la actual
administración en materia programática, administrativa, jurídica y
presupuestal. La marca general del Plan es el desmantelamiento de lo público,
la transferencia de rentas generadas por la aglomeración y el patrimonio
colectivo al sector privado, la aplicación de la regla fiscal a la inversión
social y los subsidios de la población vulnerable, la concentración del
presupuesto en obras de movilidad y el abandono del enfoque de derechos y de
inclusión en la construcción de una ciudad de derechos, democrática y moderna.
El proyecto de Acuerdo quiere hacer moñona, aprovechando que tienen
el apoyo de una aplastante coalición mayoritaria en el Concejo distrital.
Peñalosa y su equipo proponen un Plan de Desarrollo, con gran cantidad de
orangutanes, incluyendo disposiciones y facultades que transformarán aspectos
legales, financieros, patrimoniales, urbanísticos y de la estructura
administrativa de la ciudad, los que significarán privatizaciones, venta de
activos e inmuebles de la ciudad, reducción de plantas de personal, revisión
del gasto recurrente, medidas que normalmente no hacen parte de un Plan de
Desarrollo y que en una suerte de pague uno lleve lo que quiera. Si el Cabildo
distrital lo aprueba, no solamente cede gran parte de sus facultades de control
político durante los próximos años, sino que además pierde la capacidad de
discutir serena y profundamente temas esenciales para el funcionamiento de la
ciudad.
Privatizar: liquidar patrimonio público valioso y
rentable
En el Proyecto de Acuerdo aparecen varias figuras que consagran la
privatización de activos estratégicos, productivos y rentables hoy patrimonio
público y que se transferirían al sector privado a partir de la aprobación
global del Plan efectuada en el Concejo de Bogotá. Esto significaría otorgarle
una facultad amplia y discrecional a la administración para saldar bienes
construidos y valorizados durante años, con el esfuerzo de todos, en un abrir y
cerrar de ojos.
El caso más publicitado es el de la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá S.A.E.S.P. (ETB), para la cual Peñalosa solicita en el Artículo 128
del proyecto en cuestión, autorización para la enajenación total de la
participación que en ella tiene el Distrito¹. Paradójicamente, esta empresa
entrega millonarios dividendos a la ciudad, algunos de los cuales tienen como
destino el presupuesto de la Universidad Distrital; pero además tiene hoy un
futuro comercial envidiable porque acaba de realizar cuantiosas inversiones en
la instalación de fibra óptica en sectores residenciales y comerciales, además
de abrir una rama de negocio en la telefonía celular, lo que la hace una empresa
con tecnología de punta, que a pesar de los esfuerzos cotidianos de su
presidente Jorge Castellanos, por denigrarla, sus acciones no hacen más que
valorizarse y de allí la pregunta: ¿si la ETB es tan mal negocio, por qué hay
tantas expectativas en el mercado por su privatización?
Otro caso importante de privatización es el de la EPS Capital
Salud, que en el Distrito asumió los afiliados de la liquidada Caprecom, que en
su gran mayoría son personas del régimen subsidiado de Salud. El Distrito,
contradictoriamente titula el Artículo 66 del Plan, como “Fortalecimiento de la
EPS Capital Salud”, pero en su contenido plantea “Como resultado del proceso de
fortalecimiento o salvamento patrimonial de la EPS Capital Salud, se autoriza a
la administración distrital a fusionar la entidad o enajenar total o
parcialmente su participación accionaria en la misma, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes”.
La venta de Capital Salud hace parte del proceso de reorganización
del sector salud en Bogotá y su entrega a la lógica de mercado y al sector
privado consagrada en el Acuerdo 641 de 2016, con la creación de la Red
Integrada de Servicios de Salud conformada por 4 sub redes (Sur, Sur Occidente,
Norte y Centro Oriente) que unificó y absorbió los 22 hospitales que hacían
parte de la red pública y cuyas consecuencias empieza a ver la ciudadanía con
las deficiencias en la atención de urgencias, el abandono del programa de
Territorios Saludables y la espera prolongada para la atención de
especialistas.
Un caso más de privatización, tiene que ver con la solicitud de
autorización que el Alcalde hace al Concejo, empaquetada en el Plan de
Desarrollo en el Artículo 134, denominado “Enajenación de Participación de
Transmilenio S.A. en la Empresa Férrea Regional S.A.S.”. La consecuencia
práctica del beneplácito del Cabildo para la venta de esta participación
accionaria de Transmilenio S.A., es el abandono de la multimodalidad en el
transporte público del Distrito, puesto que el objeto de la Empresa Férrea
Regional, es el aprovechamiento de la red férrea del norte, sur y occidente que
cruza la ciudad y la conecta con la Sabana. De esta manera el Distrito,
particularmente esta administración, renuncia a la promoción y al
aprovechamiento de esta red férrea regional y de figuras como el Tren de
Cercanías que podrían significar atacar los problemas del transporte público
con fórmulas más económicas, limpias y sostenibles, todo ello en favor de
Transmilenio que es la prioridad de este Alcalde y del Plan comentado.
Sin agotar el análisis exhaustivo de las privatizaciones propuestas
en este Plan de Desarrollo, no puede pasar desapercibido lo propuesto en un
apacible Artículo, el 109, denominado “Gestión de Sedes Administrativas”, que
en su parte final establece “[...] Asímismo, autorícese al Alcalde Mayor de
Bogotá D.C. durante el período de vigencia del presente Plan, para realizar de
conformidad con las normas superiores que regulan la materia, la enajenación a
título oneroso de los bienes inmuebles fiscales de propiedad del Distrito, que
no sean necesarios para el funcionamiento administrativo de entidades
distritales”.
¡Se vende!
Este artículo puede significar la venta de una cantidad importante
de bienes inmuebles que posee el Distrito y que a juicio de esta administración
no sean necesarios o que en su afán de recaudar recursos y reducir el
patrimonio público, proceda a la venta de bienes importante que en muchos casos
pueden representar patrimonio cultural, predios o edificaciones que por su
tamaño y especialmente por su ubicación sean muy apetecidos en el mercado
privado.
Otra forma de privatización, propuesta en el proyecto de Plan de
Desarrollo está representada por la gestión del espacio público, privilegiando
su acceso a quienes tienen los recursos económicos para pagar por su uso,
disfrute y aprovechamiento. Hay tres propuestas en este sentido. La primera la
contribución para eludir el Pico y Placa; la segunda la creación de autopistas
y vías rápidas sujetas al pago de peajes urbanos y, finalmente, las
contribuciones a parqueaderos. Estas figuras podrían profundizar la segregación
y la inequidad en el espacio urbano.
Reorganización administrativa y masacre laboral
Peñalosa solicita de manera bastante inusual el otorgamiento de
facultades pro tempore para realizar una reorganización administrativa del
Distrito Capital. En efecto, en el Artículo 106 del Proyecto de Plan de Desarrollo,
denominado “Modificación Estructura Administrativa” solicita “por el término de
doce (12) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, de facultades para modificar, fusionar, crear o suprimir entidades,
establecer las funciones de sus dependencias, fijar las correspondientes
escalas salariales y realizar las modificaciones presupuestales a que haya
lugar; emitir los actos administrativos pertinentes para ajustar las instancias
de coordinación y participación de las entidades distritales”. Esta solicitud
la formula excusándose en “el propósito de dar celeridad y agilidad a las
decisiones que se requieren para el cumplimiento de las políticas y los
objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”,
y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la prestación
de los servicios a la población”.
El otorgar estas facultades, el Concejo estaría propiciando el
incumpliendo absoluto de los requerimientos mínimos fijados por el Departamento
Administrativo de la Función Pública –Dafp– para adelantar este tipo de
procesos, ya que las reestructuraciones deben ir acompañadas de estudios
específicos sobre las necesidades, la situación fiscal del ente territorial,
las realidades de las plantas de personal y los macro y micro procesos
administrativos y organizacionales que permitan establecer la necesidad de una
modificación organizacional.
Junto a estas facultades extraordinarias, en el Artículo 122 la
administración le solicita al Concejo Distrital aprobar una “Racionalización
del gasto y asignación eficiente de recursos” que tiene dos elementos. Por un
lado “una mirada integral y técnica de la estructura administrativa del
Distrito, en búsqueda de eficiencias administrativas y eliminación de
duplicidad de funciones entre entidades; en este sentido se estudiará la
posible fusión, transformación o supresión de algunas entidades cuyas funciones
puedan ser asumidas por otras; y por otro, “una revisión, análisis y depuración
del gasto recurrente actual, que permita liberar espacio presupuestal para las
nuevas inversiones del Plan de Desarrollo y se convierta en un factor de
decisión en la priorización del presupuesto. Esto permitirá fortalecer una
gestión gerencial que potencialice el logro de los objetivos y metas propuestas
del Plan de Desarrollo Distrital”.
En otros términos, Peñalosa pide autorización para modificar sin
participación ni consulta con los ciudadanos ni con los empleados públicos y
oficiales, la estructura administrativa del Distrito y la racionalización de
los gastos recurrentes, caso inédito en la ciudad, lo que podría significar una
masacre laboral para los empleados y que no debería autorizarse en el Plan de
Desarrollo sino que debería cursarse de manera autónoma y en un amplio proceso
de diálogo.
Presupuesto de bolsillo y Regla Fiscal
El Alcalde Mayor utiliza el Plan de Desarrollo para hacer un manejo
presupuestal que elude varias de las normas contempladas en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto Distrital, Decreto 714 de 1996 y sus normas
reglamentarias. Primero, en el Artículo 58 hace una definición bastante gaseosa
de los Proyectos Estratégicos, incorporando desde los grandes de movilidad
(metro y troncales de Transmilenio) hasta operación de bibliotecas. Luego, en
el Artículo 125, establece que ese conjunto de proyectos se realizarán mediante
el mecanismo de vigencias futuras, lo que significa que el Concejo le estaría
dando un cheque en blanco para financiar y realizar proyectos indeterminados
sin estudios técnicos ni financieros, sin pasar por la autorización previa del
Consejo de Gobierno y del Confis y lo más grave sin un debate público sobre los
costos, las dimensiones técnicas y las implicaciones sociales de estos
proyectos.
Luego, el Alcalde pretende que el Plan de Desarrollo le otorgue
facultades para incorporar directamente los recursos adicionales a los
previstos en el presupuesto aforado de cada vigencia, a través de un Decreto,
evitando ir al Cabildo cada año a tramitar una adición presupuestal, que tiene
un costo en tiempo y negociación, en la manera cómo opera el Concejo Distrital.
También solicita unas facultades pro tempore para efectuar traslados entre
agregados o entre entidades o aprobar créditos adicionales al presupuesto de la
vigencia 2015, lo cual no está contemplado en las normas presupuestales
distritales.
La cereza del ponqué en términos presupuestales y de derechos, es
la propuesta de Peñalosa de incorporar a través del Plan de Desarrollo la
denominada Regla Fiscal en el Distrito. En efecto, en el Artículo 105, definido
como “Focalización de Beneficios y Subsidios”, la administración le pide al
Cabildo permitirle reglamentar “la implementación de los beneficios y subsidios
autorizados por el Concejo Distrital, para que en el marco de sostenibilidad fiscal
y dentro de los recursos presupuestados para cada vigencia fiscal, se puedan
priorizar a los correspondientes beneficiarios”. Abandonando la universalidad
de los derechos, condicionándolo al acceso a la disponibilidad presupuestal
definida por la propia administración y sujetando la garantía de los derechos a
la voluntad del ordenador del gasto quien fija las prioridades, focaliza y
selecciona los beneficiarios, dando pie a la ampliación del modelo neoliberal y
clientelista de asistencia social caritativo, lo cual en Bogotá significa una
política social regresiva, que desconoce los logros de inclusión social de la
ciudad.
Misceláneos para la preocupación ciudadana
Un proyecto tan extenso como el Plan de Desarrollo tiene tal
cantidad de temas que es muy difícil comentarlos en un breve texto, por tanto
señalaré sucintamente tres temas que aparecen y que deben ser discutidos más
ampliamente. Primero, la intención de ubicar como proyectos estratégicos los
senderos ecológicos, uno el panorámico rompe fuegos de los cerros orientales, y
otro el de conexión entre los cerros orientales y el río Bogotá. Estos
proyectos afectarán ambiental, paisajística y patrimonialmente los cerros
orientales y la Reserva Natural Thomas Van Der Hammen, promoviendo la urbanización
para los estratos altos de la ciudad. Segundo, la ausencia del tema de la
descentralización y el fortalecimiento de la autonomía y la capacidad
administrativa de las localidades y por el contrario la clara intención de
asaltar sus recursos, con el argumento de promover la concurrencia y
complementariedad entre el nivel central y la gestión local, con la
cofinanciación de obras del Distrito para “potencializar los recursos de los
Fondos de Desarrollo Local” como contrapartidas en proyectos de gran impacto
social, los cuales serán definidos por el nivel central, abandonando las
prioridades de la inversión local. Un tercero, es la utilización del Plan de
Desarrollo para fijar normas urbanísticas, lo cual se menciona para la
infraestructura educativa y para unos planes parciales que deberían tener uno y
otro un curso legal distinto.
El Estado no es la solución...
En síntesis, el proyecto de Plan de Desarrollo presentado por
Peñalosa para aprobación del Concejo Distrital es un proyecto cargado de micos,
que busca que en un solo paquete le sean concedidas facultades al Alcalde Mayor
para modificar aspectos esenciales de la administración pública, de la
estructura organizacional y del presupuesto distrital. Esta administración
parte del precepto fijado en la década de los 80 del siglo pasado por Ronald
Reagan, quien afirmaba que “El Estado no es nunca la solución. En realidad, es
siempre el problema”. Así pretende reducir el campo de intervención del Estado,
abriendo espacio a la acción del mercado, privatizando servicios esenciales,
achicando el aparato de gobierno, con argumentos afincados en una aparente
eficiencia y eficacia del sector privado y la supuesta incapacidad del Estado
para la administración, procediendo en este proyecto a vender entidades públicas
esenciales, al desmantelamiento institucional y a recortes presupuestales con
consecuencias en el acceso y garantía de derechos a la ciudadanía.
En realidad el Plan de Desarrollo consagra la transferencias de
rentas públicas construidas en años de impuestos y ahorros colectivos a
sectores privados que se aprovechan de la regulación y la aglomeración de una
ciudad como Bogotá, sin que la administración resuelva de fondo los problemas
de inclusión social, de movilidad sostenible y de sostenibilidad ambiental que
hoy constituyen los principales problemas de la capital del país.
* Mauricio Katz García, @katzmauricio. Sociólogo, DEA en Estudios
Políticos, Candidato a Doctor, Universidad Pierre Mendes France, Grenoble II.
Ex Subsecretario de Planeación de la Inversión del Distrito entre 2012 y 2014.
1Todos los artículos comentados en este texto hacen parte del Proyecto de Plan
de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, radicado el 29 de abril de
2016 al Concejo de Bogotá D.C.
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El pasado 29 de abril, el alcalde de Bogotá D.C., Peñalosa y su gabinete
radicaron ante el Concejo Distrital el proyecto de Plan de Des...
Mauricio Katz García* Una ciudad mejor y feliz para todos: un espejismo para Bogotá
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