Fernando Reyes* Extraña relación de Peñalosa, Araujo, Industria minera y la Integración Social en Colombia

   Aunque es innegable el empuje y el avance de muchos sectores económicos y sociales en Colombia, este es un país cuyo pueblo sigue sumergido en una realidad oculta donde el subdesarrollo, la violencia social, el narcotráfico y la corrupción son la norma. Es un Estado donde las élites que por siglos han controlado todos los estamentos del poder público y privado, se han esforzado por mantener ese statu quo que de una u otra forma facilita el mantenimiento del control social y favorece sus intereses particulares.
   Un claro ejemplo de cómo el poder se perpetúa en Colombia lo refleja la reciente reelección de Peñalosa como alcalde de Bogotá, el segundo cargo en importancia en Colombia y a través del cual se controla la más importante ciudad de ese país, donde se concentra no solo el 20% de la población colombiana, sino también el poder político y económico del país.
   Si bien el anterior gobierno de Peñalosa (1998-2001) gozó de algunos aciertos en materia de infraestructura, también estuvo marcado por varios escándalos de ineficiencia, corrupción y malos manejos que en su momento recogieron los medios de comunicación y que llegaron incluso a las altas esferas judiciales del país. Sin embargo, la ciudadanía cobró los errores de Peñalosa en las siguientes elecciones y ni él ni nadie cercano a su entorno pudo regresar al poder por muchos años.
   A pesar de todo eso, hace unas pocas semanas se demostró una vez más que las élites colombianas siguen controlando las altas esferas de poder, incluso a través de los mecanismos más democráticos. Tal vez porque la ciudadanía bogotana se cansó de los de los pasados gobiernos, o porque la manipulación a través de una muy hábil y bien financiada campaña electoral fue mucho más sencilla, el resultado dejó a Peñalosa nuevamente elegido como primer mandatario de la ciudad (a partir del 1 de enero de 2016), con el apoyo de los sectores más tradicionales y rancios del poder político colombiano y con la bendición de los más polémicos líderes públicos y privados del país.
   Uno de los primeros anuncios de Peñalosa como alcalde electo fue el curioso nombramiento de María Consuelo Araujo como secretaría de Integración Social del futuro gobierno distrital. Araujo es una profesional destacada que trabajó con Peñalosa como directora de Jardín Botánico y que después se desempeñó como ministra de Cultura y como ministra de Relaciones Exteriores en el cuestionado primer gobierno de Uribe. La Conchi, como es conocida en su entorno social, viene de un rancio clan familiar del departamento del Cesar que durante décadas ha controlado no solo el poder en esa región, sino que también es parte de las estructuras que dominan el país.
   Entre otros familiares de ese clan, cabe mencionar que el padre de la Conchi, Álvaro Araujo Noguera, fue un reconocido concejal, senador y ministro que no solo perdió su curul de congresista en un proceso por contratación indebida, sino que además fue otrora investigado y capturado por sus presuntos vínculos con los paramilitares de la región. Por otro lado, el hermano de María Consuelo es el exsenador Álvaro Araujo Castro, quien fue condenado a prisión por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con los paramilitares. Si bien es cierto que nadie es responsable de los errores de sus familiares, queda en el aire ese tufo que opaca la credibilidad de los miembros y allegados al clan Araujo.
   Ahora bien, esos entramados de poder donde las mismas personas de siempre regresan de forma extraña a controlar las instituciones, me llevan a recordar que hace unos años leí dos interesantes artículos de la revista 'Semana' que hablaban del fenómeno de la 'puerta giratoria' (1) y (2). En ese escrito se hacía referencia al escándalo que surgió por las declaraciones del entonces ministro del Interior y hoy vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, sobre los exfuncionarios del gobierno de Uribe que pasaron de ostentar altos e importantes cargos en el gobierno central a integrar juntas de importantes compañías del sector privado, que eventualmente se podrían haber beneficiado de la información privilegiada que estas personas manejaban cuando ejercían esos cargos públicos.
   Esos artículos hacían especial referencia a la denuncia de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas sobre el exministro de Minas Hernán Martínez, quien al salir del gobierno de Uribe se fue a integrar la junta directiva de la empresa minera Medoro Resources Inc. La queja de la Red de Veedurías mencionaba que, cuando aún tenía investidura pública, Martínez facilitó las gestiones de la compañía para negociar la compra de la ya liquidada Frontino Gold Mines.
   Sin embargo, el artículo de la revista 'Semana' pasó por alto mencionar que la exministra de Relaciones Exteriores y exministra de Cultura del gobierno de Uribe, María Consuelo Araujo, era la entonces presidente y CEO (además de miembro de la junta directiva) de la multinacional canadiense Gran Colombia Gold Corp., que es la razón social bajo la que la antigua Frontino Gold Mines Ltd. siguió con sus operaciones en el país luego que Medoro Resources Inc (Zandor Capitals SA) adquiriera sus activos y posteriormente esta última se fusionara con la Gran Colombia Gold. Hoy, la Gran Colombia Gold es la compañía minera que ostenta el primer lugar de explotación de oro y plata en el país y controla las minas Frontino Gold en Segovia, El Zancudo, Carla Gran Colombia, Providencia (Concepción) en Antioquia y Mazamorras en Nariño.
   Claro, la mención a la exministra Araujo en los artículos de la revista 'Semana' sobraba porque Araujo había salido del gobierno de Uribe en febrero de 2007, cuando el escándalo de los vínculos con paramilitares de su padre y su hermano senador (condenado por ese caso) reventó y la presión ya era insoportable. Además, se podría pensar que su cartera no tenía que ver con el ramo de la minería y nunca tuvo injerencia alguna en este tipo de asuntos, o incluso porque después de varios años ya habría perdido su poder e influencia tanto en el sector público como en el sector privado y el concepto de puerta giratoria no aplicaría a su caso.
   Pero la realidad indica que aun cuando la exministra Araujo únicamente manejó la política exterior del gobierno de Uribe durante el corto tiempo que fue canciller, es presumible que sí conociera perfectamente las complejas directrices y las estrategias de ese gobierno debido a que había sido ministra del gabinete desde el año 2002. Es muy probable que ese hecho le haya dado acceso privilegiado a las rutas que se iban a seguir en materia económica, política, diplomática, etc. y a la información clave sobre todas las áreas que influyen en la economía y la política del país.
   Además, no deja de ser una extraña coincidencia que las negociaciones del tratado de libre comercio de Colombia con Canadá comenzaron tan solo unos meses después de su renuncia forzada, por lo que se podría llegar a pensar que fue bajo su dirección que se dieron los acercamientos y el diseño de la estrategia de las negociación de ese TLC con Canadá, bajo el cual se adelantó toda la operación de transferencia de activos y posterior fusión de las empresas arriba mencionadas y bajo el cual se adelanta la mayor parte de la actual explotación de oro del país.
   De hecho, suena bastante paradójico que siendo una diplomática de profesión y sin aparente experticia o conocimiento de la industria de explotación minera y de procesamiento de oro y plata, la excanciller pasara a ser cabeza de la Gran Colombia Gold, la multinacional canadiense que finalmente llegaría a controlar la explotación de oro y plata en Colombia. Más aún, no deja de generar serias inquietudes que posteriormente el exministro de Minas de ese mismo gobierno y compañero de gabinete de Araujo, Hernán Martínez, pasara a integrar la junta directiva de Medoro Resources Inc., la empresa que adquirió los activos de la (ya liquidada) empresa de explotación de oro más importante del país en su momento. Aún peor, lo más sospechoso de todo el asunto es que finalmente esas dos entidades privadas se fusionaran para formar la que hoy en día es la empresa más grande de explotación de oro y plata del país.
   De toda esa confusión surgen una serie de preguntas. ¿Qué hacía la excanciller Araujo dirigiendo la multinacional canadiense que hoy en día es la empresa de explotación de oro y plata más grande de Colombia? ¿Cuál es su relación con el exministro de Minas Hernán Martínez? ¿Qué relevancia tuvo la información privilegiada a la que tuvieron acceso Araujo y Martínez en el actual oligopolio y acaparamiento de la producción de oro y plata en el país por parte de Gran Colombia Gold?
   En otras palabras, ¿qué papel tuvieron los dos exministros en la liquidación de Frontino Mines, en la adquisición que hizo Medoro de los activos de Frontino Mines y en la posterior fusión de Medoro con Gran Colombia Gold? —hay un interesante documental llamado 'Marmato' el cual no solo narra el conflicto de la Gran Colombia Gold con los pobladores de la zona, sino que también habla de las serias consecuencias sociales y económicas que resultaron de la toma de la mina por parte de esa multinacional; es más, en ese documental aparece un segmento donde en su rol gerencial, se ve a Araujo arengando a los mineros y pobladores de Marmato—.
   Si se 'hila delgado', se podría llegar a ver una larga y compleja estrategia cuyo fin sería el control de la producción minera de oro y plata en Colombia, una maniobra que se habría planeado y adelantado durante el gobierno de Uribe desde dos frentes diferentes: uno en cabeza de María Consuelo Araujo y el otro en cabeza del exministro Martínez; primero a través de sus papeles como ministros, luego desde Medoro y posteriormente desde la Gran Colombia Gold.
   Aun cuando Peñalosa no tiene nada que ver con la confusa operación de la Gran Colombia Gold, esa telenovela tiene una extraña cadena de coincidencias donde está involucrada María Consuelo Araujo, la persona que a partir de 1 de enero de 2016 se va a encargar de la política social de Bogotá.
   ¿Qué busca Peñalosa nombrando a María Consuelo Araujo como secretaría de Integración Social de Bogotá si su controvertido trabajo en el sector privado se enmarca en todo lo contrario a lo social? ¿Qué interés tienen Araujo y su clan familiar en el manejo de la política social de Bogotá? Son serias dudas que ojalá fueran aclaradas.
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