Carlos Hernández Osorio - Alexánder Marín Correa* 28 concejales en Fiscalia por prevaricato al aprobar las vigencias futuras para el Metro de Bogotá
“Los 28 concejales no podemos
hablar, por instrucción de los abogados”. Esa fue la respuesta que recibió al abordar a los cabildantes que quedaron en el ojo de la opinión
pública desde el jueves pasado, cuando el fiscal general (e), Jorge Fernando
Perdomo, confirmó que el organismo investigador realizó una inspección judicial
en el Concejo para verificar si ellos
cometieron un delito al aprobarle al alcalde Peñalosa,
vigencias futuras por $4,1 billones
para financiar el 30 % del metro. El hermetismo se suma a la preocupación que,
se dice, muchos de ellos han manifestado en voz baja después de conocer la
noticia.
La Fiscalía –que no ha abierto
una investigación formal– comenzó a indagar si, como lo argumenta el
denunciante, Germán Navas Talero, representante a la Cámara del Polo
Democrático, los concejales
incurrieron en prevaricato al aprobar las vigencias futuras sin que la obra
cuente con estudios de detalle, como manda la ley. El aparente lío está en que
Peñalosa solicitó la aprobación de esos recursos a sabiendas de que los
destinará al metro elevado que pretende construir (que carece de esos estudios)
y no al subterráneo (que ya cuenta con estos).
Pero, más allá de la
tarea que desempeñe la justicia en el caso, que aún es incipiente, hay
elementos que de entrada le dan relieve a los ojos de la opinión pública. Lo primero es el denunciante: Navas Talero es recordado porque
llevó ante los tribunales, con éxito, los escándalos de la yidis política y de
la financiación del referendo para la segunda reelección de Uribe. Navas dijo: “Nunca denuncio sin estar absolutamente seguro de lo
que estoy afirmando. En principio me buscó el concejal Manuel Sarmiento (Polo)
y me contó cómo aprobaron las vigencias futuras, a pesar de que otros
concejales advirtieron la ilegalidad. Le dije que si las cosas eran así,
estábamos frente a un prevaricato. No requería mucho análisis. La Ley dice que
para autorizar vigencias futuras se necesitan estudios técnicos y las
inversiones, pero las aprobaron sin tenerlos. La prueba es que aún no se sabe
si los estudios son para un metro elevado o uno subterráneo. La denuncia no la
inventé. Está respaldada en informes del Concejo. Frente a las explicaciones de la administración, lo único que
puedo decir es que cada vez que el alcalde de Bogotá habla, es para embarrarla.
Si se quedara callado, le haría menos daño al Distrito”.
El abogado Carlos
Gallego, experto en temas presupuestales, considera, sin embargo, que en
principio no se vislumbra un delito, sino “una falta disciplinaria que podría
llegar hasta la destitución”. A su parecer, las vigencias finalmente se
aprobaron para la misma obra. “¿Cuál es el problema de
cambiar los diseños? La falta de certeza frente a los costos y las cantidades
de obra, pero al final el destino de los recursos será el mismo. Lo que veo es una falta disciplinaria al principio de planeación
contractual”.
También hay que
tener en cuenta el momento en el que esto ocurre. El fiscal Perdomo se tomó en serio la denuncia y, a pocos días de
dejar el cargo, ordenó la inspección
en la Secretaría del Concejo, con todo el ruido que eso genera. Así, su sucesor, Néstor Humberto Martínez, recibirá el caso cuando
está en boca de todo el mundo. No deja de ser
curioso que Perdomo acelerara. Aunque puede interpretarse como una muestra de
eficiencia en medio de un sistema judicial aletargado, hay quienes lo
interpretan como un calculado golpe de opinión, sobre todo porque suena para la
Procuraduría. Por el lado de Martínez, el
cotorreo y la suspicacia radicarán en lo obvio: ha militado en Cambio Radical, el partido que avaló a Peñalosa y al que pertenecen ocho de los 28
concejales encartados (ver galería) . ¿Será igual de acucioso que su
antecesor?
El momento también es relevante
porque ha sido este Concejo el llamado a dejar atrás los escándalos judiciales
después de que el carrusel de la contratación le causó una mancha negra difícil
de borrar. Ya es hora, pues la historia reciente de la corporación ha estado
marcada por alborotos que involucran masivamente a sus integrantes. Solo basta
recordar la caída de Juan Martín Caicedo como alcalde en 1992 (que a la postre
salió indemne) por haber girado millonarios recursos a organizaciones de
beneficencia vinculadas a concejales. Cerca de 40 de ellos estuvieron metidos
en ese lío. Los últimos dos períodos (entre
2008 y 2015) estuvieron marcados por detenciones y sentencias contra
cabildantes involucrados en el saqueo a Bogotá.
El último punto que
realza esta nueva incursión de la Fiscalía en el Concejo es el metro como eje
de la controversia de fondo. La financiación de la megaobra es lo que está en
juego, pues los $4,1 billones aprobados por vigencias futuras corresponden al
30 % con el que se comprometió el Distrito para que la Nación aportara el 70 %
restante ($9,6 billones). Los 28 concejales
votaron, en medio de las inquietudes legales, confiando en la tranquilidad que
les dieron el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo (también
denunciado), y la de Hacienda, Beatriz Arbeláez. Surge, sin embargo, una nueva pregunta: ¿Por qué la
administración, como lo sugirieron algunos concejales oficialistas, no esperó
unos meses más para pedirle al Concejo que le autorizara ese presupuesto? ¿Por qué no lo hizo
cuando estuvieran más avanzados los estudios que sustentaran la idea del
alcalde de hacer la obra elevada?
Como la solicitud la
presentó el Distrito en el mismo proyecto en el que pedía que le autorizaran la
creación de la empresa metro, algunos concejales argumentaron que no podían
darle vida a esa entidad sin presupuesto para operar. La principal razón, no obstante, de acuerdo con dos concejales
peñalosistas consultados, fue que el Gobierno Nacional, para comprometerse de
lleno con la plata que le corresponde, le exigió a la Alcaldía las vigencias futuras aprobadas. Uno de
ellos le dijo a este diario que, de todas formas, tampoco le ve sentido a la
premura con que la administración manejó el tema. “Pudo más la terquedad de la
secretaria de Hacienda”, concluyó, “porque el Gobierno Nacional sabe que puede
confiar en Peñalosa. Ya no está tratando con Petro”.
Con la indagación a 28 de sus integrantes, el cabildo enfrenta su primer gran lío,
que también enreda al alcalde. El denunciante, la milita...
Bogotá: 28 concejales en Fiscalia por prevaricato al aprobar las vigencias futuras para el Metro
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