¿Qué trae de nuevo para Bogotá la segunda administración de
Peñalosa? Triste decirlo: el pasado proyectado al presente. El objetivo de su
Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, dialoga con su apuesta de 1998,
solo leámoslo para así confirmarlo: “Propiciar el desarrollo de los habitantes
de la ciudad, reorientando el desarrollo de ésta y buscando recuperar la
autoestima ciudadana con la finalidad de incrementar el bienestar de los y las
ciudadanas, ‘felicidad para todos’”.
Felicidad como
concepto que no se desarrolla, solo se enuncia en dos sentidos: uno, como el
acceso al espacio público y otro como una ciudad que brinda oportunidades para
que las personas “tengan la vida que desean”, sin embargo, el desarrollo del
plan sólo se enfoca en el primero, lo que quiere decir que no se habla de
felicidad en términos de igualdad, acceso y garantía de derechos.
Y como objeto
fundamental del Plan de Desarrollo: una ciudad-aglomeración de consumidores que
propicia de modo adecuado la economía de mercado. Es decir, la ciudad está a la
venta, y qué mejor para ello que la inversión de la empresa privada (capitales
nacionales e internacionales). Esta idea de ciudad marketing resalta en el
propósito de recuperar el espacio como un bien de consumo para turistas, para el
tránsito, para el mercado, entre otros usos que generen rentas. Con este
modelo, los problemas sociales de Bogotá se resuelven a través de la
construcción de infraestructura mediante la contratación de nuevas vías, nuevos
corredores para Transmilenio, parques regionales y lineales, construcción de
hospitales y Caps, colegios en concesión, entre otros y no como garantía y
acceso pleno a los derechos. Los problemas de exclusión y segregación no se
diagnostican, no se tienen en cuenta, ni se abordan en el borrador del Plan de
Desarrollo.
Esta visión de
ciudad de mercado resalta cuando los ciudadanos son vistos, exclusivamente,
como consumidores de mercancías, de ahí que solo pueden permanecer en ella los
que estén en condiciones de pagar estos valores, los demás deberán abandonarla.
En esta visión de
ciudad se sobreponen los intereses particulares a partir de las alianzas
público privadas –APP–, desconociendo los intereses de la mayoría. Y se
fortalece que las lógicas de ejecución de las tareas públicas proceda a través
del fortalecimiento de la recentralización administrativa, la gerencia de
proyectos.
Las acciones del PDD
se desarrollan, de modo primordial, alrededor de la llamada industria del
cemento, las industrias contaminantes y el sistema financiero, dejando
explicito que para Peñalosa los problemas de la ciudad no van más allá de la
infraestructura y la garantía de derechos para el mercado y el sector privado.
Así queda claro que la magnitud de los problemas sociales, no son la
preocupación del PDD ni del modelo de ciudad predominante.
En el nuevo
cuatrienio de la administración Peñalosa (2016-2019) son varios los aspectos
que incorporara el ahora alcalde, en relación al Modelo de Ciudad (MC)
propuesto en el 2000, el cual no se modificará sino que se afinará,
rectificando los errores detectados en estos 16 años de implementación e
incorporando nuevos elementos que lo profundicen.
En relación a los
elementos por afinar, retomando la idea central del Modelo de Ciudad colombiana
impulsada desde los años 90, en torno al impulso de cuatro ejes:
Movilidad. Para ello
desarrollará 8 troncales nuevas de Transmilenio. Modificación del trazado del
Metro dejándolo mayoritariamente elevado y como alimentador de Transmilenio,
con la consecuente generación de impactos urbanos por su desarrollo sobre la
superficie, profundizando la segregación (norte subterráneo, sur elevado).
Impulso a las concesiones viales al interior de la ciudad (Calle 13 a la Cámara
Colombiana de Infraestructura, tramo Avenida 68 a través de un tranvía ligero
operado por privados), alza de tarifas y eliminación de subsidios. Cable aéreo
de Usaquén al embalse de San Rafael como copia del modelo Medellín de Parque
Arvi. Túnel a la Calera por la calle 153 o 170 como vías expresas
concesionadas. Retorno a la ALO en su trazado original afectando ambientalmente
la Conejera, la reserva Thomas Van der Hammen y habilitación de suelo en el POZ
Norte para proyectos de altas rentas. Prolongación de vías hasta el rio Bogotá
a fin de proyectar la conexión de Bogotá con municipios de la sabana a través
de nuevos puntos que expandiría la urbanización al otro lado del rio Bogotá.
Servicios públicos. Profundizar el modelo privatizador, impulsando de nuevo la venta de
los activos públicos, en este caso la ETB, entre otros. No hay alternativas
nuevas. Desmonte Basura Cero. Desmonte Aguas Bogotá. Alli también el impulso a
la Agencia Distrital de Asociaciones Público - Privadas (Adapp) para el
desarrollo de proyectos de movilidad, acceso a la ciudad, integración regional,
educación, cultura y salud.
Vivienda. Recuperar el rumbo
de Metrovivienda y la ERU impulsando la construcción y gestión de vivienda
nueva y el mejoramiento integral de los barrios como proyectos liderados
directamente por el Alcalde Mayor, a través de micro intervenciones puntuales
en la ciudad. Para ello se retoma Metrovivienda y la ERU como las entidades
líderes de la producción de suelo para VIS y VIP y la ERU con planes de
renovación urbana. Retoma de la Operación estrategia Nuevo Usme (150.000
viviendas multifamiliares) y propicia la articulación ERU con ERU Virgilio
Barco. También la construcción viviendas en Ciudad Paz en el área de la Reserva
Thomas Van de Hammen (1.400 has), que según Peñalosa serán para los 3.000.000
de habitantes que tendrá Bogotá en los próximos 40 años.
Infraestructura. Será adelantada con
prioridad en las concesiones. En materia de salud se plantea su “mejoramiento”
a partir de la creación de obras (20 Centros de Atención Prioritaria en Salud
(Caps), Central de Urgencias del Sur (Ceuss). Minimización o eliminación del
programa de salud “Territorios Saludables” de atención preventiva en los
hogares y reducción a su mínima expresión de los programas sociales cuando no
su eliminación. En materia de educación, se apunta al “Mejoramiento” basado en
la construcción de obras, jardines infantiles y colegios y mega centros de
recreación, entretenimiento, arte y cultura. Retoma el impulso al
fortalecimiento del esquema de colegios en alianzas público privadas
profundizando la privatización de la educación básica y secundaria. E impulso
al modelo de privatización con 25.000 cupos para universidades privadas bajo la
lógica del programa presidencial Ser pilo paga. En materia de espacio
público –recreación– se plantea realizar el corredor de los Cerros Orientales
como un Sendero Panorámico que copia del proyecto de despojo de Medellín Jardín
Circunvalar que habilita suelo para el mercado inmobiliario de altas rentas.
Tampoco aparece la
atención a las demandas de la población en condición de desplazamiento forzado
que ha llegado a la ciudad.
En relación a los
nuevos elementos incorporados están la mirada expansionista sobre el territorio
de la sabana de Bogotá y la Región. Allí apuesta por proyectos como Ciudad Río
a lo largo del río Bogotá, con la urbanización de sus dos costados. La creación
de Parques Regionales en los embalses de Tominé y Parque del Embalse San
Rafael. Urbanizar la sabana (250.000 viviendas Mosquera), Vivienda en Soacha y
Madrid (500.000 viviendas) y expansión de la vivienda de altas rentas, liberar
POZ Norte, Tren de cercanías sur y occidente como alimentadores de
Transmilenio, ampliación aeropuerto El Dorado e impulso al Dorado II,
profundización del modelo extractivista a partir de las concesiones minero
energéticas.
Es decir, durante
este periodo Peñalosa profundizará un MC y Región basado en proyectos altamente
rentables al servicio del capital nacional e internacional, garantizando la
continuidad y profundización de la política urbana agenciada por el Banco
Mundial, el BID y Naciones Unidas (ONU).
* Profesor Asociado
Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Arquitectura y Urbanismo.
Arquitecto, Magíster y Doctor en Arquitectura y Ciudad y en Urbanismo.
Investigador Senior (IS) Colciencias. Líder del Grupo de Investigación
“Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad”. catorrest@unal.edu.co
Cuatro años para la especulación y el capital privado
Peñalosa gobernó por primera vez Bogotá durante el periodo 1998-2000 a nombre del movimiento cívico “Por la Bogotá que soñamos”. Su apuesta, discursiva, enfatizaba en el desarrollo urbano sostenible basado en la infraestructura urbana y el espacio público como bases para lograr la equidad social. Postulados plasmados durante los años de gobierno dejando las bases sentadas de un Modelo de Ciudad (MC) al servicio del capital.
Recordemos que su
apuesta de “recuperar el espacio público”, e incrementar la cantidad y la
calidad del mismo para los bogotanos, pretendía “[…] la integración de la
comunidad, mejorar la calidad de vida y ver la ciudad como espacio social”.
Pero sus grandes realizaciones, además de las obras de cemento, fueron la
expulsión del mismo de los vendedores informales y la instalación de 2.000.000
de bolardos. “Recuperó” el área del Cartucho sin resolver el problema social y
de salud pública de 5.000 ‘habitantes de calle’, los cuales se trasladaron a
toda la ciudad, principalmente a la denominada zona del Bronx. Con ello impuso
su visión de “renovación urbana”, construyendo el Parque el Tercer Milenio y afectando
la población del sector de San Bernardo, así como los comerciantes de San
Victorino.
La base del
desarrollo a través de la construcción de infraestructura, con lo cual
construyó 3 bibliotecas públicas y 47 colegios. Deshizo la Empresa Metro que ya
tenía diseñadas tres líneas e instaló Transmilenio con el propósito señalado de
“Establecer sistemas de transporte que aseguren una disminución en los tiempos
de viaje y proporcionen un servicio digno, confortable y eficiente con respeto
por el entorno y el ambiente”. Sin embargo éste termina favoreciendo a los
operadores privados del sistema sin que esa perversión aún se corrija.
Aparejado con ello las losas de Transmilenio en la Fase I con el llamado
“concreto Fluido” que no ha garantizado la operación adecuada del sistema y
Cemex no pagó la deuda causada y cada día la ciudad empeora su movilidad y
asume los costos de esta decisión errónea.
Instaló, de igual
manera, el Pico y Placa y el día sin carro. Implementó la modalidad de colegios
públicos en concesión. Y como parte de los intentos privatizadores avanzó sobre
la ETB sin lograr su propósito.
La gran apuesta de Peñalosa quedó plasmada en el Plan de Ordenamiento
Territorial –POT–-, en el cual visiona la ciudad futura, que en el Plan de
Desarrollo 1998-2001 señalaba como objetivo “[…] generar un cambio profundo en
la manera de vivir de los ciudadanos, devolviendo la confianza a todos los
bogotanos en su capacidad para construir un futuro mejor y dinamizar el
progreso social, cultural y económico. Se trata de proyectar y hacer viable a
Bogotá para enfrentar los retos y aprovechar las posibilidades que impone una
nueva era, trabajando con miras a mejorar significativamente la calidad de vida
para las presentes y futuras generaciones”.
Allí su apuesta por
Metrovivenda como generador de suelo para vivienda de bajos ingresos en áreas
periféricas de la ciudad no logró producir los resultados esperados, al igual
que la Empresa de Renovación Urbana –ERU–, así como el Programa de
Desmarginalización, todo ello basado en la idea de “Elevar la calidad de vida
de la población residente en barrios con deficiencias en infraestructura y
servicios sociales, a través de la intervención sobre aquellos aspectos que
permitan superar dichas deficiencias y dinamizar en la comunidad la apropiación
de la construcción de su destino”.
Pero no olvidemos
que para entender el MC debemos tener claras dos consideraciones. La primera,
que estamos regidos bajo un modelo de desarrollo basado en las lógicas que
establece el modo de producción capitalista en su fase actual de mercado o
neoliberal, por tanto cualquier modificación al modelo está enmarcada dentro de
los limites admisibles que permite la denominada democracia capitalista. Lo que
significa que no es posible efectuar transformaciones estructurales al MC y que
solo son factibles ajustes menores que no lastimen los interés del capital. Y
esta no ha sido ni será la opción que adopte Peñalosa.
La segunda, el MC
está pensado desde esta lógica solo como el modelo de ordenamiento del territorio,
por lo que colocan todos los acentos en las modificaciones al POT. Sin embargo,
el MC está asociado al de sociedad que deseamos y que queremos, por tanto sus
elementos no son solamente los relativos a los componentes físico espaciales
sino que demandan la materialización y realización de todos los derechos. Por
ello el Modelo debe estar plasmado en el goce efectivo del derecho a la ciudad
y el territorio que incluye, entre otros: el derecho al territorio (y la
tierra), a los medios de subsistencia, al trabajo, a la salud, a la educación,
a la cultura, a la vivienda, a la protección social, a la seguridad social, al
medio ambiente sano, al saneamiento (y a servicios públicos), al transporte
público (y a la movilidad), al ocio y a la información, a la libertad de
reunión y organización, al respeto a las minorías y la pluralidad étnica,
racial, sexual y cultural, al respeto a los inmigrantes y la garantía de la
preservación de la herencia histórica y cultural, al desarrollo de zonas
dotacionales, bienes y servicios urbanos y centralidades, a una relación
asertiva con la institucionalidad, y a la garantía de los derechos humanos, con
seguridad y convivencia, entre otros.
Han transcurrido 16
años de la ciudad que nos prometió Peñalosa y Bogotá ha cambiado significativamente.
Metrovivienda no generó el suelo para la Vivienda de Interés Social –VIS– y
para la Vivienda de Interés Prioritario –VIP– que requería. La ciudad sigue
creciendo de modo informal (pasamos de contar con 1.365 barrios de origen
informal en el 2000 a 1.737 en 2015 (Sdht), el mercado no produce la vivienda
requerida para la población de bajos ingresos y continúa privilegiando el uso
del suelo urbano disponible en su poder para el desarrollo de proyectos de
altas rentas.
A esto se suma, la
ampliación de la segregación socioeconómica y espacial de la ciudad, con nuevas
recetas bajo la lógica de los procesos de gentrificación y con la
profundización del desarrollo predio a predio, ahora, bajo el ropaje de los
llamados planes parciales. Asimismo, el suelo urbanizable disponible está
acaparado por promotores inmobiliarios y constructores, dispuesto este para
atender, además de los proyectos comerciales y de vivienda de altas rentas los
llamados proyectos u operaciones estratégicas para el mercado y los capitales
transnacionales (Aeropuerto El Dorado, Innovo, Ciudad Salud, Nuevo Usme).
Con la herencia del
POT aún vigente, la ciudad se expande indefinidamente. Segrega la vivienda para
la población de menos ingresos, que ocupa las áreas periféricas con problemas
de riesgo y vulnerabilidad indistintamente de su condición ambiental, propende
por la apropiación del suelo en favor del interés particular, y protege que la
renovación urbana ha de ser agenciada por grandes capitales, entre otros
aspectos.
Para 2016, el POT y su modelo de ciudad evade los grandes conflictos
territoriales presentes y futuros, entre ellos el agotamiento del área del
basurero de Doña Juana, la imposibilidad de eliminar las explotaciones mineras
dentro de la ciudad, la no disposición de suelo urbanizable para la VIS y VIP,
los problemas de movilidad derivados de la imposición de Trasmilenio como única
alternativa, los efectos ambientales, sociales y económicos derivados de la
profundización del modelo de ciudad basada en el mercado, y los proyectos con
respecto a la ampliación de Bogotá sobre los municipios próximos a la ciudad,
la expulsión de población de territorios consolidados en los cerros orientales
y barrios próximos al centro de la ciudad, la crisis del modelo de agrupación y
propiedad horizontal, entre otros.
Continuamos con una
mirada de ciudad que considera la región como su patio trasero y establece su
deber ser, no entendiendo la complementariedad entre la ciudad y la región sino
como su competencia. Debemos sumarle a los “logros” del MC vigente el fracaso
de los denominados instrumentos de gestión urbana y del suelo (plusvalías,
curadurías urbanas, etcétera) establecidos por la ley 388/97, sin que logren
cumplir los propósitos redistributivos de equidad y solidaridad planteados, así
como la prevalencia del interés general sobre el particular. Bogotá, 13 de abril
de 2016
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