Tras 7 meses de sesiones, la mayoría de los 45 concejales no ha llenado el Libro de intereses privados, documento en el que deben reportar, para consulta de cualquier ciudadano, sus negocios particulares y sus posibles impedimentos para votar.
En un anaquel de la estrecha oficina del
secretario del Concejo de Bogotá reposa un mamotreto de pasta dura azul rey,
hojas blancas y título sugerente impreso en letras doradas: Libro
de los intereses privados de los concejales. Hasta el miércoles,
cuando El Espectador llegó
a consultarlo, el peso del texto no se compadecía con su contenido: sólo
20 de los 45 concejales habían cumplido con la obligación de contestar, a mano,
el cuestionario de dos páginas que indaga por sus negocios, los de sus familias
y, al fin de cuentas, por sus impedimentos.
Ni la mitad del Concejo de Bogotá ha declarado si tiene impedimentos
El libro es público. Lo
dice la ley. Pero la visita estuvo llena de
requisitos que rayaron en el misterio: que envíe un correo
solicitando la consulta; que puede ojearlo y tomar notas, pero no fotos; que
debe estar acompañado de un funcionario mientras lo revisa; que entienda que es
información sensible para los concejales. Un extraño recelo después de que hace
dos años la Secretaría de Transparencia de la Presidencia resaltó al Concejo
como uno de los cuatro del país (junto con Barranquilla, Popayán y
Villavicencio) que mantenían el documento colgado en su página web para que
cualquiera lo consultara. Ese rastro digital hoy no existe.
Los concejales, desde
1994, tienen la obligación de manifestar sus posibles conflictos de intereses a
la hora de tratar un tema y, por lo tanto, declararse impedidos para votar. La Ley 136 de ese año también
establece que “los concejos llevarán un registro de intereses privados en el
cual los concejales consignarán la información de su actividad económica
privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquiera que tenga
conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la corporación, podrá recusarlo ante ella”.
Hasta el miércoles, las únicas bancadas que habían llenado el
formato eran el MIRA, Jairo
Cardozo y Gloria Díaz y el Centro Democrático,
Diego Devia, Andrés Forero, Ángela Garzón, Diego Molano, Daniel Palacios y
Javier Santiesteban, y las de un solo concejal: Libres,
Emel Rojas, Progresistas , Hollman
Morris y la ASI, Juan
Carlos Flórez.
De los demás partidos, lo
habían hecho: de Cambio Radical,
José David Castellanos, Rolando González y Pedro Julián López; del Polo,
Nelson Castro, Celio Nieves y Manuel Sarmiento; de los conservadores,
Nelson Cubides, que llenó el formato pero no lo firmó; del Liberal,
Jorge Durán, y de Alianza Verde, Jorge Torres. Ninguno de la U ni el de Opción
Ciudadana habían cumplido.
La importancia de hacerlo
radica en que, como lo dice la norma, los concejales deben dejar claro
que al votar no obran en beneficio propio. Y más allá de eso:
así proyectan un poco de transparencia en un oficio tan desprestigiado como la
política. Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, agrega que es
un requisito preventivo que sirve como instrumento de información para
ciudadanos y autoridades, así que los concejales, y políticos
en general, no deben creer que se trate de auto incriminarse.
¿Quiénes son los impedidos? - Los primeros impedimentos
en el Concejo que se posesionó este año se conocieron en mayo, durante la
discusión del Plan de Desarrollo. Diego Molano, del Centro
Democrático, era accionista minoritario de la ETB, incluida en
el proyecto por la solicitud que hizo el alcalde Peñalosa para que lo
autorizaran a venderla. El vocero del partido uribista
lo manifestó y pidió inicialmente que le aceptaran un impedimento parcial,
aunque al final decidió vender su participación para votar con tranquilidad. El
oficio en el que manifestó su impedimento lo anexo al Libro de intereses privados de
los concejales. También lo hizo Ángela Garzón,
del mismo partido, porque, según se lee, la cónyuge de su padre, el
exvicepresidente Angelino Garzón, también es accionista minoritaria de la
empresa.
Al consultar el libro el
miércoles se leía que otro concejal uribista, Javier Santiesteban, manifestó
impedimentos para votar proyectos sobre educación privada (es dueño de
colegios), transporte especial (es socio de una empresa de ese sector) y la
reserva Thomas van der Hammen (no
precisa la razón).
El único de otro partido
que había dado a conocer un posible conflicto de intereses hasta ese día era Jorge
Torres, de la Alianza Verde. En abril envió un oficio, anexado
al libro, para que el Concejo estudie si está impedido en caso de que la
discusión sobre la reserva llegue al recinto, pues lo financió Arquitectura y
Concreto, constructora dueña de predios en la Van der Hammen.
¿Y los demás? Después de
la visita fueron avisados y algunos corrieron a buscar las páginas que les
corresponden. Al preguntarle a Roberto Hinestrosa, de Cambio
Radical y presidente del Concejo, creyó que se le estaba pidiendo la
declaración de bienes, pero al aclararle que se trataba del
Libro de intereses privados, dijo que no lo conocía. El viernes en la mañana Jorge
Lozada, del mismo partido, le dijo a este diario que pediría el
libro en la Secretaría para responder el cuestionario. Al final de la tarde, David Ballén, de la U,
respondió: “No nos habían avisado, y como uno es nuevo... pero ya lo llené. No
tengo ningún impedimento”. Su compañero de bancada, Rubén
Torrado, dijo: “No recuerdo si lo he firmado; es que lo hice en
el período pasado. El caso es que no soy empresario ni tengo ningún familiar
que tenga negocios. No tengo por qué declararme impedido”.
Álvaro Argote, del Polo, manifestó: “Me informaron de Secretaría General que está
pendiente esa diligencia, y por supuesto debo hacerla. Pensé que ya lo había
hecho, pero para el lunes estará resuelto. Además, porque para los proyectos
económicos que venimos decidiendo en estos días es condición no estar
inhabilitados por ningún conflicto de intereses y yo he solicitado esto en los
debates”. Germán García, liberal,
contestó: “Para ser concejal declaré, ante la notaría que me posesionó, que no
tengo impedimentos. Así lo ordena la ley. Los documentos están listos para
hacerlo en el Concejo”.
En medio de esos apuros terminó
una semana difícil para el Concejo, marcada por el alboroto que generó la
inspección judicial que adelantó la Fiscalía para investigar si, tras una
denuncia penal, los 28 concejales que aprobaron las vigencias futuras para el
metro cometieron un delito al darle el sí a ese proyecto, al
parecer, sin los estudios que exige la ley.
Firmar el libro y declarar
sus impedimentos, en caso de que los tengan, sería un paso para evitar más
suspicacias.
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