Por María Margarita Soto Díaz*
El pasado 25 de
octubre de 2015 los ciudadanos salieron a votar para escoger a sus futuros alcaldes y gobernadores en los
diferentes departamentos del país. Muchos de los resultados complacieron al
pueblo votante y otros no tanto. Fue así, como en Bogotá los ciudadanos escogieron
como alcalde de la capital del país a Peñalosa, quien había ejercido ese mismo cargo en
1998. A menos de dos meses de posesionado, ya hay un movimiento que
recolecta firmas para revocar la elección del actual alcalde de Bogotás.
De una parte los nostálgicos de
la anterior alcaldía y la Bogotá Humana, argumentan que Peñalosa debe ser
revocado porque la ciudad comienza ya a retroceder mientras el actual
mandatario desmonta los avances hechos por el ex alcalde Petro. Sin embargo, en tan poco tiempo de
ejercicio del poder en el segundo cargo electoral más importante del país, no
se podría asegurar que Peñalosa haya cometido aun una falta
contra la Constitución Política o la Ley que permita tramitar una
revocación del cargo.
La
petición para Bogotá Humana
Dos días después de la elección
del nuevo alcalde, surgió una petición por parte de un grupo de personas que
buscan destituirlo argumentando que durante su primer mandato (entre 1998 y
2000), el índice de pobreza en la ciudad pasó de un 35.1% a
un 50%; adicionalmente afirman que la cuestionada implementación del
proyecto Transmilenio y de la falta de compromiso de
ese gobierno con los estratos más bajos le trajeron costos a la ciudad que aún
hoy no ha podido terminar de pagar.
El movimiento por la
destitución de Peñalosa se fundamenta en la convicción
de sus promotores en que el plan de gobierno del actual alcalde traerá a la
ciudad indicadores similares a los que dejó su primer periodo de gobierno:
un desempleo creciente, tasas de homicidio en ascenso, presupuesto
desperdiciado en inversiones de poco impacto como bolardos o moños de navidad,
un sistema de transporte urbano mal diseñado, implementado y administrado y
calles mal construidas que trajeron consecuencias nefastas para la ciudad y su
movilidad.
Pero…. ¿y
la legalidad del asunto?
De acuerdo con la Constitución
Política de Colombia de 1991, se puede desvincular del cargo a un
funcionario público elegido popularmente, previa audiencia y mediante decisión
motivada, a quien incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de
manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el
ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las
investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa
o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y
sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en
la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del
ejercicio de su cargo.
A la luz de la norma, Peñalosa no ha cometido
aun ninguna acción que represente una posible investigación por parte de la
Procuraduría General de la Nación o de cualquier otro ente de control, por
ende, no hay argumentos legalmente válidos que soporten una petición de
revocatoria, que si bien está basada en un sentimiento de disgusto ciudadano,
no se soporta en fundamentos jurídicos.
Hasta ahora el actual alcalde
ha tomado decisiones y ha hecho anuncios que no han sido del agrado del pueblo
bogotano, entre ellas la posible urbanización de la reserva forestal Thomas van der Hammen, la posibilidad de
no construir el metro o hacer uno inferior a las
necesidades de la ciudad y congelar el 40% de los recursos de los hospitales públicos capitalinos.
Sin embargo, ninguna de estas decisiones, por impopulares que sean, representan
una causal de destitución.
Habrá que darle tiempo a este
gobierno para desarrollar sus políticas y proyectos, esperando que sean
beneficios para Bogotá, de lo contrario, el actual mandatario se tendrá que
enfrentar a sus opositores en los estrados judiciales o administrativos
del país.
Por ahora, esta petición más
que un ejercicio de control político, resulta una violación a la
soberanía democrática de las personas que
salieron a votar el 22 de octubre pasado, en tanto en una democracia como la
colombiana, el poder político recae en el pueblo que elige a quienes
considera deben velar y proteger sus intereses y bienestar, y que, según el
mandato de la ciudadanía, tiene el derecho y la obligación de desarrollar su plan de gobierno.
Peñalosa y su mandato ya cuestionado
El pasado 25 de octubre de 2015 los ciudadanos salieron a votar para escoger a sus futuros alcaldes y gobernadores en los diferentes departamentos del país. Muchos de los resultados complacieron al pueblo votante y otros no tanto. Fue así, como en Bogotá los ciudadanos escogieron como alcalde de la capital del país a Enrique Peñalosa, quien había ejercido ese mismo cargo en 1998. A menos de dos meses de posesionado, ya hay un movimiento que recolecta firmas para revocar la elección del actual alcalde de Bogotá s.
Estampida Revocatoria a Peñalosa - 2.512
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