Allan Enrique Bolivar Lobato* Habitus: Bogotá: Ley Rosa Elvira Cely. Ley 1761 de 2015 - El día en que una mujer víctima de violación, tortura y empalamiento fue responsable de su propia muerte
El 24 de mayo se conmemorarán cuatro años del brutal asesinato de
Rosa Elvira Cely, sucedido en Bogotá. Su feminicidio adquirió especial
relevancia el pasado 15 de mayo por cuenta del concepto emitido por la
Secretaría de Gobierno capitalino en el cual la responsabilizaba a ella por su
propia muerte. El rechazo a tal concepto no tardó, mítines y protesas tomaron
cuerpo en la ciudad. El suceso sirvió para recordar, de acuerdo a la Fiscalía
General de la Nación, que en los últimos diez años se abrieron 34.571 procesos
relacionados con feminicidio y solo han sido ejecutoriadas 3.658 condenas, lo
que configura una impunidad del 90 por ciento. Según Martha Ordoñez, Consejera
para la Equidad de la Mujer, cuatro feminicidios son cometidos al día en
Colombia, 12 por ciento de ellos a cargo de sus parejas o sus exparejas..
El
jueves 24 de mayo de 2012 a las 10 pm, luego de salir de clase, Rosa Elvira Cely
aceptó tomar unos tragos con Javier Velasco y Mauricio Ariza, compañeros en el
Colegio Manuela Beltrán, institución en la que cursaban estudios de validación
de bachillerato. Horas más tarde Velasco, quien había tenido una relación
sentimental con Rosa Elvira, se ofreció para llevarla hasta su casa pero desvió
el rumbo y llevó a la mujer a inmediaciones del Parque Nacional, allí la
sometió –golpeándola en la cabeza y asfixiándola–, para luego apuñalarla e
introducir ramas de árboles en su vagina y su ano. Cinco días duró la agonía de
Rosa Elvira Cely quien falleció por complicaciones producto del trauma
craneoencefálico, una infección interna y las múltiples laceraciones de su
útero e intestinos provocadas por el vil empalamiento a que la sometió su
victimario.
Terrible
historia la de esta mujer que además de la muerte violenta sufrida, durante su
existencia debió soportar múltiples victimizaciones. Victima del sistema
educativo y laboral colombiano pues no pudo culminar sus estudios de
secundaria, otro ejemplo de las inequidades de género endógenas al sistema
educativo nacional; además, ganaba 25.000 pesos diarios vendiendo minutos
frente al Hospital Militar de Bogotá en un “empleo” precario; víctima de la
violencia sexual y física de Velasco; víctima del sistema de salud, aquella
fatídica noche agonizando logró comunicarse con la línea 123 a las 4:37 de la
madrugada, la ayuda tardó 2 horas en llegar, luego fue trasladada al hospital
más distante a la zona (Santa Clara) donde clasificaron su emergencia como
Triage 2, por ello tuvo que aguardar en la sala de espera hasta que sufrió un
paro cardíaco y solo entonces recibió la atención médica que necesitaba;
víctima del sistema judicial pues su victimario, que había asesinado a
machetazos diez años atrás a Dismila Ochoa, tenía un proceso vigente en la
fiscalía 254 seccional que inició por una denuncia de Araceli Blanco quien lo
acusó ante las autoridades de abusar de su hija de 11 años, tenía, además,
orden de captura vigente desde el 2008 por golpear y abusar sexualmente de una
prostituta a quien obligó a tener relaciones sexuales sin preservativos. Sin
embargo solo recibió un tratamiento intramural psiquiátrico que no estuvo acompañado
de ningún seguimiento, nunca fue capturado en cumplimiento de la orden judicial
emitida, no fue detenido en su carrera delictiva por las autoridades del
Estado, ni por la sociedad.
Una
nueva victimización. Situación
infame. Como si hubiera espacio para una nueva afrenta en contra de esta mujer,
una nueva victimización vino a mancillar la majestad de su muerte y la dignidad
de su memoria. La Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Bogotá
emitió un concepto en donde interpreta que los terribles acontecimientos que
desencadenaron en el asesinato de Rosa Elvira, eran “Responsabilidad exclusiva
de la víctima”. Según el concepto todos los compañeros del colegio sabían que
los implicados en el feminicidio tenían comportamientos raros y los “tildaban
de malosos”, no obstante: “[...] lo anterior ROSA ELVIRA CELY salió a departir
con ellos, se tomaron unos tragos (así se registra en la historia clínica
cuando se afirma que ingresa con aliento alcohólico), va a departir a un bar,
se traslada en la moto con Javier Velasco al sitio donde ocurrieron los hechos,
sitio que todos sabemos es desolado e intransitado en las noches. Puso en
riesgo su integridad y vida, hasta el punto que JAVIER VELASCO le cercenó su
existencia; si ROSA ELVIRA CELY no hubiera salido con los dos compañeros de
estudio después de terminar sus clases en las horas de la tarde, hoy no
estuviéramos lamentando su muerte”.
Abyecta
causalidad. Resultó entonces que esta mujer era responsable de su propia muerte
porque cometió la impertinencia de ir a tomar tragos con sus compañeros de
estudio, por no irse desde el lugar de su estudio para su casa como suponen que
toda mujer debería hacer, por irse a un lugar solitario, apartado y peligroso
para las mujeres (como si hubiera que aceptar este discriminatorio
determinante), por poner en riesgo con los anteriores factores de riesgo su
vida. Insólita la mixtura entre lógica jurídica trastocada y percepciones
machistas de los abogados de la Alcaldía que emitieron este concepto: siguieron
la misma lógica de quienes endilgan a las mismas mujeres la responsabilidad de
sus violaciones, abusos, vulneraciones verbales, violencias simbólicas,
etcétera, por su forma de vestir, actuar, comportarse, de pensar.
No todo
pudo ocurrir a espaldas de la administración distrital. Han pretendido
convencernos que el concepto de un caso tan polémico, delicado y trascendente
fue ignorado por el Secretario de Gobierno, Miguel Uribe, y por el alcalde Peñalosa, quienes al vislumbrar relámpagos en el horizonte se esmeraron
en ser unos de los abanderados de la rectificación, en desvincular de la
alcaldía a funcionarios de tercer nivel –como Nayive Carrasco– por esta afrenta
propiciada, desde el seno mismo de la institución, a todas las mujeres.
Vergonzosa equivocación de la Alcaldía bogotana que también ignoró la
existencia de la Ley 1761 de 6 de julio de 2015, “Ley Rosa Elvira Cely”, donde
se tipifica el feminicidio como delito autónomo, se toman medidas para
prevenirlo y erradicarlo, se adoptan estrategias para sensibilizar a la
sociedad colombiana y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Se
encienden las protestas. Como
chispa en polvorín cayó el concepto de la Oficina Jurídica de la Secretaría de
Gobierno entre mujeres activistas, segmentos académicos, políticos y la opinión
pública en el país. Cundió la indignación y las protestas no se hicieron
esperar. Un agitado plantón tuvo lugar la tarde del 16 de mayo en inmediaciones
al Palacio Liévano donde un centenar de manifestantes de diversos géneros y
procedencias elevaron sus voces, agitaron consignas y exigieron la renuncia del
Secretario de Gobierno Distrital ante la infame afrenta cometida contra Rosa
Elvira Cely.
Sobre
el concepto emitido por la Oficina Jurídica se refirió Javier Omar Ruiz,
miembro del Colectivo Hombres y Masculinidades: “La administración distrital
tiene una mirada sesgada de género hacia los derechos de las mujeres y también
ha hecho una lectura desde el sistema patriarcal que hace parte de la lógica
estructural de la administración, la administración no se ha preguntado que
tiene que empezar a replantear los paradigmas desde donde piensa políticas
públicas, desde donde piensa sus pronunciamientos públicos, desde donde hace
administración pública. Lo que pasó con el caso de Rosa Elvira es una muestra
clara de como está pensando la administración sobre estos temas”.
Jenny
Julio, integrante de Tejido de Mujeres Jóvenes, también se refirió a este
concepto que en su opinión violenta a las mujeres: “Es un comunicado bastante
machista, que representa una posición machista de la institución y es violento
contra todas las mujeres de la ciudad. Es violento en el sentido en que acusa a
las mujeres de las situaciones de acoso y las situaciones de violencia que
perpetran contra nosotras. Entonces, nosotros tenemos que manifestarnos en
contra porque es que somos la mayoría de la población de la ciudad, para nadie
es un secreto que las mujeres somos la mayoría, somos más del 50 por ciento de
la población. Somos las que más sufrimos violencia, no solo sexual, sino una
violencia social acá en Bogotá”.
Ciudadanas
independientes, sin pertenencia a ningún colectivo o movimiento político
también participaron por iniciativa propia en la protesta y trajeron con ellas
sus apreciaciones, tal es el caso de Liliana Olaya Cabrales: “No pertenezco a
ninguna organización, soy mujer indignada frente a la decisión y al concepto de
que la culpable ahora es la víctima. Siento indignación, me duele el estómago,
me duele el alma de que una mujer que sufrió semejante maltrato, semejante
tortura, después de cuatro años sea el Estado (quien debe garantizar nuestra
protección) el que ahora dice que ella fue culpable. El Secretario de Gobierno
dejó claro con lo de ayer que no nos va a proteger, el maneja la seguridad pero
estamos más inseguras que nunca”; y Daniela Muñoz: “No pertenezco a ningún
grupo, soy estudiante de la Universidad Central [...] Que las mujeres nos
vistamos de una forma no quiere decir que nos estemos vistiendo para el pene de
los hombres, nos estamos vistiendo como se nos da la gana porque somos mujeres
y tenemos los mismos derechos que el hombre. La Constitución está hecha para
todos y para nosotras también. Somos mujeres y queremos respeto”.
La
actriz Alejandra Borrero también estuvo presente en la manifestación; ella
considera que aún no puede decirse que las mujeres en Colombia sean totalmente
libres, sin dejar de luchar también siguen necesitando del apoyo estatal:
“Ninguna mujer en Colombia es realmente libre, nosotras tenemos siempre que
pensar si salimos o no; si tenemos ganas de comer algo a la media noche no
podemos salir a comernos un perro caliente porque podemos ser abusadas [...]
Las mujeres tenemos en Colombia grandes problemas y si el Gobierno y la administración
no hace su parte, como tiene que ser, las mujeres colombianas seguirán siendo
todos los días víctimas de violencia. Así que es una gran responsabilidad para
un funcionario público salir a decir una cosa como esa, no hay derecho que lo
hagan y menos después de todas las cosas que se han hecho”.
La
reconocida dirigente política Ayda Avella, pidió en la manifestación la cabeza
del Secretario de Gobierno: “Yo creo aquí lo que interesa es que todas las
mujeres sean respetadas, pero sobre todo que cuando se presente un acto de
agresión hacía las mujeres, ya sea en el ambiente familiar, en la calle, en la
ciudad, todas tengamos que salir a decir, basta ya. El índice de feminicidios
en Colombia es muy alto, pero lo que sucedió en Bogotá –que generó además una
Ley de la República contra el feminicidio–, que lo ignore un Secretario de
Gobierno, esto no tiene francamente ninguna explicación. Por eso estamos
diciendo que renuncie, que se vaya, porque si no leen ni los periódicos, por
favor, esa es una situación en la cual la revictimización para las mujeres se
ha hecho presente y por parte de un Secretario de Gobierno y por parte también
del Alcalde que se muestra muy compungido de los errores que ha cometido, pero
que no es capaz de pedirle la renuncia a su Secretario de Gobierno. Él tiene
que irse porque nos ha ofendido a todas las mujeres colombianas, pero también a
las mujeres del mundo”.
Patricia
Jaramillo, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional
de Colombia ve el asunto como un problema de profundo calado en la
administración distrital a la que tildó de feminicida: “Estoy indignada porque
considero que se está mostrando la verdadera cara de esta administración que no
ha respondido por la política de mujeres que ya en el Plan de Desarrollo
evidencia que no dejó ni siquiera el diez por ciento para las mujeres de
Bogotá, que somos más del 50 por ciento de la población bogotana, y con esta
decisión evidencia que es una administración feminicida. Estoy indignada.
Ningún funcionario, con la responsabilidad que tiene el Secretario, va a
permitir que salga un concepto de ese orden para el proceso que se está
llevando a cabo hace más de cuatro años. Es gravísimo lo que sucedió y las
mujeres estamos en la calle porque exigimos coherencia y respeto con nuestros
derechos”.
Expresiones
de abierta rebeldía y rechazo las protagonizadas en el plantón resumidas en las
palabras de Mar Candela “Estoy emputada hermano, no hay otra definición. No
estoy indignada, no estoy molesta, no estoy cansada, no estoy triste, no estoy
decepcionada, yo estoy emputada, y es hora que Colombia se empute por las
mujeres, ni empleadas domésticas, ni putas, ni santas ¡Todas! ¡Y si nos tocan a
una, nos tocas a todas!”.
Ley 1761 de 6 de julio de 2015. Ley Rosa Elvira Cely.
La Ley
1761 de 2015 fue promulgada en respuesta a la presión social suscitada por el
terrible asesinato de quien es recordada con el nombre de esta Ley, acto
violento que puso sobre el orden del día legislativo, la desbordada incidencia
de este tipo de delito en Colombia.
La Ley
tiene por objeto “[...] tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para
garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por
motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias
y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que
favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios
de igualdad y no discriminación”.
Además,
graba con penas de 250 a 500 meses de prisión a quien cause la muerte a una
mujer por motivos de ser mujer o por su identidad de género, cuando dicha
muerte precede a:
1. Haber tenido una relación familiar, intima, de compañerismo o trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia;
2. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad;
3. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural;
4. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo;
5. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no;
6. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. También adiciona al Ćódigo Penal el artículo 104B que establece circunstancias de agravación punitivas que incrementan la pena por los asesinatos de las mujeres de 500 a 600 meses de prisión, entre otras disposiciones.
1. Haber tenido una relación familiar, intima, de compañerismo o trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia;
2. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad;
3. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural;
4. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo;
5. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no;
6. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. También adiciona al Ćódigo Penal el artículo 104B que establece circunstancias de agravación punitivas que incrementan la pena por los asesinatos de las mujeres de 500 a 600 meses de prisión, entre otras disposiciones.
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El 24 de mayo se conmemorarán cuatro años del brutal asesinato de
Rosa Elvira Cely, sucedido en Bogotá. Su feminicidio adquirió especial...
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