Miles de vendedores salieron a la calle
de la capital el 29 de febrero para protestar en contra de las medidas
represivas adoptadas en su contra desde el inicio de la administración de Peñalosa. Decomiso, multas y encarcelamientos son algunos de los
ingredientes de la estrategia del Alcalde para “recuperar” –a nombre de todos
los habitantes de la ciudad– el espacio público, disfrutado de forma
inequitativa por los ciudadanos de la capital. Derecho al trabajo, a la vida,
la alimentación, salud, educación (entre otros) vs. Espacio publico. En pugna
por su sobrevivencia resisten miles de trabajadores independientes y precarios
de la capital. Mientras aquí aprieta, en el otro espacio público, el de los
humedales y zonas verdes, cede ante los empresarias de la construcción.
El 29 de febrero Bogotá amaneció
refrescada con aires de protesta. Desde cuatro puntos distintos de la ciudad
partieron alrededor de 18.000 personas hacia la Plaza de Bolívar, sede de la
alcaldía de la ciudad, en una concurrida marcha que tapizó de rostros
populares, vestidos de blanco, y arengas reivindicativas por el derecho al
trabajo y al pan algunas de sus calles más importantes. Inmensa población:
según datos del Instituto para la Economía Social (Ipes) hasta junio del 2015
estaban censados en Bogotá 47.800 vendedores informales; las localidades de
Suba con 1.494, y la de Chapinero con 2.284, es donde existe mayor
concentración de los mismos.
La masiva concurrencia no era casual.
Miles de quienes tienen que rebuscarse por cuenta propia, disimulando el
desempleo y la precariedad laboral que reina en el país, sin ingresos seguros
ni seguridad laboral ni seguridad social alguna, están cansados que por orden
del nuevo alcalde de la ciudad –que le cumple así a los grandes comerciantes
que lo financiaron– la policía no los deje ofrecer sus mercancías con
tranquilidad.
Su paso fue constante, y sus voces
fuertes. Una y otra vez gritaron su rechazo a las pretensiones del alcalde
Peñalosa, la cual los excluye, desconociendo el derecho que todo ciudadano
colombiano tiene para ganarse la vida de forma honrada, mucho más cuando el
Estado no supera su incapacidad para ofrecer condiciones mínimas para la
sobrevivencia de miles de familias de escasos recursos.
Según sus organizadores, esta marcha es
la primera jornada multitudinaria a partir de las cuales exigen un diálogo
abierto y franco al Alcalde. Por su lado el mandatario capitalino sigue
insistiendo ante los medios de comunicación en que lo realizado cada día por
los vendedores ambulantes es una “invasión del espacio público”, lo cual
deforma e impide que Bogotá sea la ciudad que él sueña: una pulcra capital,
desprovista de pobres, ojalá proscritos a la lejana periferia capitalina.
Tal vez en sus noches de insomnio, en
las cuales suma los beneficios que recibe por los negocios derivados de cada
una de las medidas que toma en beneficio de los más ricos de la ciudad, el
Alcalde, habitante consuetudinario de ciudades gringas y europeas, olvida que
en estas tierras del Divino Niño y del Sagrado Corazón de Jesús, ni el pan, ni
el techo, educación o salud, han sido garantizados por el Estado, siquiera en
los mínimos necesarios para conservar la dignidad de sus ciudadanos, por lo
cual la urbe desde hace décadas, terminó por ahogarse chapoteando entre los
legamos del neoliberalismo.
Algo que muchos no alcanzan a
comprender. Cuando millones de ciudadanos han sido abandonados a su suerte por
parte del Estado, al azar de las escasas posibilidades de encontrar compradores
para su fuerza de trabajo poco calificada, sigue siendo legitimo, tal y como lo
sostuvieron los vendedores, ocupar el espacio para ganar los recursos que les
permita sobrevivir en esta selva de cemento.
El problema es complejo, los vendedores
desarrollan un tipo de trabajo precario pero las condiciones socioeconómicas de
muchos distan de serlo, es cierto. Además de esto en diversas zonas de la
ciudad algunos tienen que pagar alquiler a parceladores de andenes para que les
permitan trabajar. Sin embargo no son todos, ni siquiera la mayoría como
pregona el Alcalde; mucho menos puede predicarse que los ambulantes sean los
sujetos infractores, dúctiles, maleables, sin consciencia, que devela el
imaginario de Peñalosa por cuenta de sus intervenciones. Son hombres, mujeres,
jóvenes, padres de familia, líderes barriales, estudiantes, subvalorados
ciudadanos, ponderados por la abusiva métrica de lo que entorpecen y no por
aquella con que contempla lo que aportan a la sociedad.
Han prometido los vendedores callejeros
una larga lucha, un prolongado pulso que puede ir calentándose ante las
persistencia del poder local por negar, ignorar, despreciarlos como ciudadanos
que bregan en las calles para sobrevivir, pero que deben ser reconocidos como
acreedores de plenos derechos al igual que cualquier ciudadano de vestido o
alpargatas en este país. Así lo entendieron instancias jurídicas cuando
fallaron tutelas a favor de vendedores ambulantes, quienes a pesar del crujir
de dientes de la administración distrital, retornarán con sus carros y chazas a
repoblar el espacio público de la capital para seguir ganando su sustento.
Poco les falla la memoria a los
vendedores. Aún lcargan nítidas en sus cerebros y retinas el recuerdo de las
persecuciones, golpes, encarcelamientos, multas y decomisos que sufrieron durante
la primera administración de Peñalosa –1997-2000–, pero en esta
oportunidad están dispuestos a defenderse, y para ello están mejor organizados
y dispuestos a desplegar acciones de mayor contundencia. Siguen dispuestos a
hablar, llaman al Alcalde a la creación de una mesa de concertación que permita
construir soluciones entre todos, que el Distrito renuncie a la imposición
unilateral de la voluntad del burgomaestre apoyada en los gases y el bolillo de
sus perros del Esmad.
La larga maracha blanca ya empezó...
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Allan Enrique Bolivar Lobato* Bogotá: La marcha blanca de vendedores en el espacio público
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