46 La tragedia en el edificio Space: una alerta para la ruta de ordenamiento territorial en Medellín

   En la noche del sábado 12 de octubre colapsó en Medellín la torre 6 del complejo habitacional Space, entregada hace apenas un año por la constructora CDO, de la cual es propietario Álvaro Villegas Moreno. Bajo de los escombros quedaron atrapadas 11 personas, en su mayoría trabajadores de la constructora, a la que afortunadamente no se le tomó en cuenta el“comercial” optimismo de que era un asunto puntual , el cual no revestía la gravedad que algunos le querían dar. Si  se hubiera actuado con su irresponsable criterio la tragedia en vidas humanas habría sido de grandes proporciones.
   A pesar del despliegue que los medios le han dado al hecho, parece no haber suficiente énfasis en la responsabilidad de la constructora ni en el nombre de sus propietarios. Esto puede tener una explicación en el poder que tienen los gremios que controlan el negocio inmobiliario en la ciudad, pues además de Álvaro Villegas, ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín, como dueño de la constructora, deberían aparecer los nombres de sus hijos: Pablo Villegas Mesa, presidente de la junta directiva de Camacol[1] y gerente general de “Concretodo” (CDO)[2]; y Mauricio Villegas Mesa, directivo de CDO y ex secretario de Hacienda Departamental, durante la gobernación de Luis Alfredo Ramos Botero.
¿Por qué la alerta frente al POT que discute la ciudad en este momento y a los proyectos bandera de la actual administración municipal?
   Empiezo con algunas preguntas, ¿Quién dirige los gremios? ¿Quiénes controlan los negocios inmobiliarios en Medellín? Y ¿Con quién se proponen las alianzas público privadas para proyectos como las 100 mil viviendas del plan de desarrollo de Aníbal Gaviria?
   El negocio de los dueños del mercado inmobiliario en Medellín hace años tocó fondo, pero su poder parece ser mayor que las restricciones urbanísticas y ambientales; porque sobre ellas les hablan al oído a los gobiernos nacional y local. Por ello, como gremio, se han dedicado a hacer lobby para que el modelo de alianzas público privadas sea el marco legal para ampliar su rol en la ejecución de proyectos inmobiliarios en las grandes ciudades[3]. En el caso de Medellín, Camacol ya tiene comprometida una alianza público privada con el alcalde, Aníbal Gaviria Correa, para construir 10 mil viviendas. De éstas, la  Constructora CDO tiene asignada, por la administración municipal, la ejecución de un proyecto de 558 viviendas en Altos de San Juan[4].
   Alerta en este sentido  porque las construcciones que han operado en vivienda de interés social, como la de Colores de Calazania, muestran que el problema no está solo en la zona de residencias exclusivas en El Poblado. Los habitantes de la urbanización Colores de Calazania, un proyecto de Vivienda de Interés Social, han denunciado que después de tres años sus apartamentos se caen a pedacitos, hay obras comprometidas que no se entregaron y reclamos que la constructora CDO no ha respondido, lo cual los llevó a entablar una demanda legal que, parece, ganó la constructora en primera instancia. (http://noticias.telemedellin.tv/constructora-responde-a-problemas-de-urbanizacion-en-calasanz/).
   Así que la sociedad de Medellín debe estar alerta de quiénes ejecutan los dineros públicos y quiénes pretenden direccionar los planes de ordenamiento territorial; pues llama la atención el hecho de que en la asamblea de Camacol, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, anunciara la próxima expedición de un decreto que aclarará la normatividad de obligaciones urbanísticas en edificaciones no residenciales. "El decreto va más en la dirección de las propuestas y solicitudes hechas por Camacol"[5].
María Soledad Betancur Betancur - Coordinadora del Observatorio de derechos Humanos del IPC
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[2] Ver súper sociedades, representante legal y junta directiva.http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=ppal&dir=104&nitso=890900443&tipo=1
[3] “Camacol cree firmemente en el valor de las asociaciones público-privadas, entendidas no sólo como un instrumento para la vinculación de la iniciativa y los capitales privados a la construcción de infraestructura para la prestación de todo tipo de servicios al Estado, sino en general como un principio ético que oriente las relaciones entre el gobierno y el sector privado”.
Teniendo en cuenta la importancia de tema, el Gremio hizo una invitación al Gobierno Nacional para que en paralelo con el trámite del Proyecto de Ley que crea el marco legal para las APP, se avance en la expedición de los instrumentos legales requeridos para hacer viable la renovación urbana de Colombia. “Queremos ser socios del Gobierno Nacional en proyectos de impacto como la renovación del centro administrativo nacional (CAN) en Bogotá”http://camacol.co/noticias/alianzas-p%C3%BAblico-privadas-la-mejor-herramienta-para-%E2%80%98construir-ciudad%E2%80%99
[4 http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/100%20Mil%20Viviendas_2.pdf. Ver también presentación del viceministro de Vivienda del 11 de marzo de 2013.

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