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A proposito de la tragedia en el Space

Deterioro y discriminación de un derecho constitucional

1982 semana La cuerda floja Alvaro Villegas

Pan y Pedazo- Gobernador, Compra, reVende y Construye 

   La Procuraduría le pidió la renuncia al ex-gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno, del partido CONSERVADOR, en 1980, solo ejerció 18 meses, por la investigación que abrió en su contra por “especulación en la compraventa de terrenos”, ya que valido de su investidura de Gobernador, su empresa INGENIOBRAS, adquirió un lote de 201.000 mts2 en Niquía, Bello, el cual a los 50 días exactos entregó al ICT para cofinanciar las 1.948 casas bifamiliares que se hicieron de 1981 a 1984, con un incremento desmesurado del 2.000 %. (Fuente: Boletines Comité Cívico de las Bifamiliares de Niquía, 1984).

LA CUERDA FLOJA

   Acusación anónima enviada a varios medios de comunicación, desata polémica en torno al gobernador de Antioquia, Alvaro Villegas Moreno.

      AVISPERO REVUELTO. En resumen, el gobernador arguía que el contrato para construir "Niquía" había sido adjudicado a Ingeniobras ocho meses antes de que el gobierno de Turbay Ayala lo pusiera por primera vez al frente del departamento, en febrero de 1980. Así mismo, afirmó que se había desvinculado totalmente de Ingeniobras cuando se presentó la posibilidad de su candidatura al Senado, y que los contratos de que esta empresa disfruta actualmente fueron obtenidos durante el interregno en que fue gobernador Iván Duque Escobar, cuando Villegas Moreno ni siquiera soñaba con que el nuevo gobierno volvería a nombrarlo en el mismo cargo. 

   Villegas Moreno relata en su carta cómo colocó sus bienes en fideicomiso antes de pasar a la gobernación y aclara que el hecho de formar sociedades para manejar los bienes familiares no constituyen delito alguno. A pesar de los descargos, que no han sido corroborados aún, la denuncia tuvo un rápido efecto corrosivo sobre el prestigio de Villegas Moreno. Como era inevitable, se rumoró que detrás de las acusaciones lo que había era una motivación política de sus adversarios.

   "BORDING LINE". En realidad, Villegas Moreno había hecho equilibrio sobre la delicada línea que separa al contratista del sector público del político influyente. De acuerdo con la versión que suministra en una larga carta al ministro de Gobierno, no es posible probar ninguna irregularidad en su proceder, por cuanto precisamente se cuidó de incurrir en ellas separándose legalmente de la firma Ingeniobras al llegar a la gobernación, pidiendo el nombramiento de un gobernador ad-hoc para manejar los asuntos del ICT y acreditando el levantamiento del embargo, que por error, le hizo la Administración de Impuestos. El sólo hecho de que sus contratos de ingeniero con el ICT convivieran con su calidad de exgobernador, hizo que fuera muy sencillo arrojar sobre él la sombra de la duda. Sin embargo, entre los documentos enviados a los periódicos por el anónimo contradictor de Villegas, figuraba el embargo por 170 mil pesos a su empresa Concretubos, pero no la declaración de error que lo levantó pocas semanas después.

    Es posible que la envidiable posición política de Villegas haya influído para favorecer a las firmas en las que colaboraba con los grandes contratos del ICT. Esto, sin embargo, parece no ser demostrable y de ser cierto, esta conducta, tendría que ser juzgada más en el campo de la ética que de la legalidad. El propio Villegas, antes de tomar posesión de su cargo como gobernador de Antioquia cuando el expresidente Turbay lo nombró, en septiembre de 1980, elevó una consulta al asesor jurídico presidencial, preguntando si los vínculos con Ingeniobras lo inhabilitaban. Recibió una respuesta negativa. Ya entonces un primer anónimo hizo que se le abriera un expediente en la Procuraduría, expediente que no prosperó.

   Cada vez que un avión despega de Medellín, saliendo del Valle de Aburrá por el Norte, sobrevuela una gran urbanización recostada ya sobre las lomas, casi enfrente de Bello. Desde arriba, es sólo una colmena de tejas blancas y ladrillo rojo: se llama "Niquia", y fue construida por la firma Ingeniobras, en los últimos años de la década pasada. 

   Igual, todo turista que se respete tiene que ver la gobernación de Antioquia. Es un extraño edificio, como una catedral incompleta, lleno de piedras grises, de bulbos ruso-franceses y con una cúpula gótica bajo cuyos vidrios de colores se celebran las agitadas sesiones de la Asamblea de Antioquia. Entre esas dos construcciones, aparentemente unidas sólo por vínculos administrativos, ha aparecido un nuevo nexo: el actual gobernador de Antioquia, Alvaro Villegas Moreno.
   Sin embargo, el hecho de que ese nexo sea ilegal, indebido o simplemente circunstancial, depende del cristal con que se mire el caso. En efecto, a primera vista, los hechos parecen claros: Alvaro Villegas, como socio de Ingeniobras, habría usado su influencia como gobernador de Antioquia para obtener contratos de construcción con el Instituto de Crédito Territorial. Aparte de ello, una de sus empresas, Concretubos Ltda., habría sido embargada por irregularidades en el pago de impuestos, lo cual inhabilitaria al actual gobernador para ejercer su cargo. 

   La bomba, que estalló el sábado 23 de octubre en la primera página de "El Espectador", tenía una dudosa mecha. Aunque el periódico no cita fuentes, sus afirmaciones se apoyan en "documentos que obran en nuestro -poder". Se trata, al parecer, de un anónimo llegado a la redacción del diario de los Cano, que adjuntaba fotocopias de diferentes contratos y actas de constitución de empresas fundadas de las que formaba parte el gobernador Villegas Moreno. Ese mismo documento había sido enviado a otros medios de comunicación que no lo utilizaron, presumiblemente por su procedencia anónima.

   El periódico se limitó a reproducir lo que el autor anónimo concluía de los documentos que adjuntaba, y no volvió a mencionar el asunto hasta cuatro días después. Publicada en sábado, la noticia pareció diluírse en el marasmo del fin de semana en Medellín. El mismo lunes, en los pasillos de la gobernación el tema no era el centro de todas las conversaciones. Sin embargo, al día siguiente, se produjo una noticia que tuvo cabida en las primeras planas de todos los diarios: el gobernador solicitaba que se le investigase por los cargos específicos que le lanzaba "El Espectador". Empezó un revuelo nacional acerca de la posible culpabilidad del gobernador. Inmediatamente, la Procuraduría, que había recibido una carta de Villegas Moreno solicitando un visitador delegado, nombró al abogado José Bernnet Quintero, quien hasta el final de la semana pasada no había iniciado gestión alguna en las notarías de Medellín con el objeto de comprobar la veracidad de los cargos y la exactitud de los descargos que el gobernador expuso después de solicitar la investigación.

   Efectivamente, el mismo día en que se dirigió a la Procuraduría pidiendo la presencia del visitador, Villegas Moreno escribió una larga carta al ministro de Gobierno, Rodrigo Escobar Navia, explicando cómo el embargo a que aludió "El Espectador" se produjo por error de la Administración de Impuestos, que posteriormente revocó su decisión. "El Espectador", tras resumir con exactitud los descargos del gobernador y repetir sus acusaciones, se silenció. Todos quedaron a la espera de un pronunciamiento de los senadores antioqueños William Jaramillo Gómez y Federico Estrada Vélez, sobre quienes se difundió el rumor de que abrirían un debate contra el gobernador. Sin embargo, ellos no tenían más elementos de juicio que los documentos anónimos que llegaron a los periódicos.

   El último síntoma en esta cadena de hechos que no se aclarará hasta que la Procuraduría se pronuncié, es una curiosa carta llegada al Ministerio de Gobierno el 25 de agosto pasado. Suscrita por Luis Amador Corrales, con cédula 25.788.034, inspector de Policia. En ella se acusaba a la gobernación de quitar la mitad de un aumento de dos mil pesos a cada empleado público, con destino al fondo del Directorio Conservador local. El ministro de Gobierno, discretamente, remitió la carta a la gobernación sin ningún comentario. Y pronto se demostró que no había ningún inspector con ese nombre, y que tal cédula, de existir, correspondería a una mujer.

   Lo que es un hecho es que Villegas Moreno combate un enemigo anónimo en una pelea pública. Probablemente las acusaciones contra el gobernador, no podrán ser comprobadas. Separándose del ámbito estrictamente jurídico, el observador imparcial encuentra elementos tanto a favor como en contra del acusado que, justa o injustamente han creado la mancha de la duda. Aunque, por ahora, queda la mancha de la duda.

   "DE LA CALUMNIA ALGO QUEDA" SEMANA entrevistó brevemente al gobernador de Antioquia en su despacho del Palacio de Calibío. Alvaro Villegas Moreno, ingeniero 45 años, ex-alcalde de Medellín y gobernador durante el gobierno de Turbay, respondió sobre varios aspectos de las denuncias publicadas: Política: las denuncias tienen un carácter político y también personalista. Pueden haberse originado en resentimientos de funcionarios por actuaciones del gobernador. Se trata de una labor de zapa de los mandos medios.
   Experiencia: soy un político curtido. Tengo el cuero duro y aguanto en estas situaciones. No así mi familia, que no está acostumbrada a verme en la picota. Pero, de todas formas llegué a la política por accidente y cuando entré a ella de lleno, no estaba fuera de mi presupuesto que podía darse una situación como esta. Son riesgos que se corren. El futuro: por lo menos en un largo plazo, no volveré a trabajar en el campo de la ingeniería, como no sea privadamente. Por ahora, estoy inhabilitado durante los siguientes cuatro años. No creo que este incidente me afecte políticamente para el futuro, aunque de la calumnia algo queda. División: estoy en excelentes términos con el doctor J. Emilio Valderrama. El afirma que no tiene nada que ver con estas denuncias anónimas. Y yo le creo. Desinformación: todo se origina en la buena fe de un periodista, asaltada por informaciones incompletas. -

   En la Urbanización Mirador de Calazans (ubicada en el morro que corona este residencial sector de Medellín y antes de llegar a Blanquizal) existe un gran número de familias que ni siquiera alcanzan a pagar las cuotas de $ 33.000 mensuales de sus apartamentos, no obstante las refinanciaciones que han obtenido (es la cartera morosa más alta que existe entre los adjudicatarios del municipio). Los edificios fueron levantados en mampostería estructural y sin obra blanca. Dicha urbanización, se construyó por encargo de Corvide (hoy Fondo de Vivienda Municipal de Medellín) en terrenos abruptos adquiridos a la firma Ingeniobras Ltda. (Propiedad de Alvaro Villegas Moreno), y consta de 7 torres de 8 pisos cada una, para un total de 512 apartamentos de 43 Mts2 las primeras dos etapas (2003) y de 330 la tercera (2006), fueron entregados en tres fechas a partir de 1993, con subsidio estatal, departamental y municipal, a un costo ponderado entre $ 16.000.000 y $ 20.400.000 y se encuentra sin dotación urbanística. El 70% de sus habitantes, afrodescendientes oriundos del Chocó y Urabá desplazados por la violencia, se encontraba ocupando ranchos insalubres en la zona de alto riesgo de Vallejuelos y presentan un alto grado de desocupación. Allí las Empresas Públicas de Medellín, experimentaron hace dos años el sistema de servicios públicos prepago, mediante tarjetas nominales, por lo cual sus residentes se han visto obligados a permanecer a oscuras en la noche y a no aplanchar la ropa para que estas “tarjetas” que venden en las tiendas del sector rindan en disponibilidad de energía un poco más.